España inició los trámites para expulsar a más de 20.000 extranjeros en 2017

Madrid

Por ser identificados por la policía en las calles sin los permisos de residencia en vigor, por haberlos perdido al no conseguir por ejemplo un nuevo contrato para renovarlos, por entrar con visado y después quedarse sin documentación en regla, son los perfiles de la mayoría de los 20.000 extranjeros a los que el Gobierno abrió expediente de expulsión en 2017 lo fue por estos motivos, lo que técnicamente se denomina "mera estancia irregular".

Las expulsiones incoadas por el Gobierno en 2017 ascendieron a 20.143, de ellas 18.081 por el artículo 53.1 de la ley de extranjería (que recopila fundamentalmente los distintos tipos de mera estancia irregular) y 2.062 por el artículo 57.2 es decir aquellos que estuvieron inmersos en algún procedimiento penal, según una respuesta del ejecutivo a la portavoz adjunta en el Senado de Podemos Maribel Mora, con fecha 9 de abril, a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

“Nuestro modelo de política migratoria no funciona. Con los datos del año 2017 de expulsiones se ve que por mera estancia irregular el año pasado de 18.000 expedientes incoados de expulsión solamente se pudieron ejecutar el 10%. Y de los miles de persona ingresadas en los Centro de Internamiento de Extranjeros, los CIE, el 62% fue puesto en libertad, la gran mayoría” detalla Mora en declaraciones a la SER.

3.287 personas fueron expulsadas desde los CIE, incluyendo a los que pasaron en algún momento por el polémico centro temporal de internamiento de inmigrantes que estuvo ubicado en la Cárcel de Archidona, aunque hay que recordar que estos expedientes son distintas a las llamadas devoluciones, la de aquellos que han llegado a España casi siempre en pateras y que suelen ser expulsados de una manera mucho más ágil siempre que España tenga acuerdo bilateral con su país de origen. A 5.358 que pasaron también por los polémicos CIE no se les pudo expulsar. Es decir, al 62% se les privó de libertad en esos centros para finalmente no poder expulsarles de nuestro país.

"Mientras más suba la llegada de subsaharianos menos eficaces van a ser las cifras de expulsión porque es más difícil llevarlas a cabo" explica otra fuente jurídica especializada en migraciones y refugio que denuncia que el Gobierno" sigue privando a la gente de libertad con un método caro e ineficaz porque sólo expulsa al 38%” afirma.

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Los "inexpulsables" en el limbo

La consecuencia de esta práctica administrativa es que esa mayoría de ciudadanos, que permanecen en España tras no ser posible su expulsión del país, se quedan en un auténtico limbo, “pues se ponen en libertad sin derecho ninguno, en una situación de limbo jurídico, de alegalidad absoluta, no tienen derecho a residencia, no tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a la asistencia sanitaria, no tienen derecho a nada de nada y a nada que sea legal. Esto supone pues que estas personas vivan una situación de marginalidad, de exclusión, de absoluto sufrimiento, de persecución, de detenciones, con problemas de integración, con problemas de rechazo social, precisamente por esta situación que están padeciendo” denuncia Mora.

“El Gobierno a la vez que otorga protección al ex alcalde de Caracas y a otros políticos de ese país resulta que según estos datos incoó expediente a 454 venezolanos, aunque finalmente no ejecutó esas órdenes, pero los deja sin documentación, como inexpulsables, parecido a lo que se suele hacer con cubanos o vietnamitas” denuncia este experto jurídico que ha repasado los datos de la respuesta del ejecutivo en el Senado.

Para proteger a estos no expulsables, Unidos Podemos va a presentar hoy en el Senado una moción para que el Gobierno aplique la directiva de retorno de la Unión Europea, que señala, en el artículo 6, que cuando a una persona no se le puede expulsar hay que documentarla, que no significa darle permiso de residencia, pero es la fórmula para que tenga acceso a los servicios básicos. “Que mientras estén aquí tengan unos mínimos derechos, algún tipo de documentación para acceder a sanidad y educación como mínimo. Y para casos que como el mantero fallecido en Lavapiés y que estuvo 14 años sin permiso de residencia en nuestro país se valore una vía de regularización” demandan desde Podemos.

“La directiva europea, la directiva retorno, prevé que a estas personas se les dé una documentación de esta situación de inexpulsables. Esto para que entre otras cosas no sean detenidos cada dos por tres la calle y no puedan ser perseguidos con frecuencia y después vueltos a poner libertad porque no pueden ser expulsados. O para que puedan tener una serie de derechos básicos mínimos que también se prevén en esta directiva, que no estamos aplicando. Lo que estamos pidiendo es una cosa muy sencilla, porque es que estos migrantes no van a desaparecer por arte de magia y son miles que conviven con nosotros en nuestros barrios y con nuestros hijos y además son seres humanos que no podemos tratar con esta situación de absoluta indignidad” reclama la senadora progresista.

“La gestión de la irregularidad en Europa es una hipocresía, los países del norte y los del sur hacen cosas diferentes, el Gobierno no se puede amparar en Europa para decir que no se puede sustituir el internamiento por una multa. Los países en el norte tienen maneras de gestionar los inexpulsables totalmente distintas a los del sur. En Alemania procedimiento “Duldung” que da incluso posibilidad de trabajar temporalmente aunque se le hay denegado hasta la petición de asilo, y no se les expulsa, también porque materialmente suele ser imposible” denuncia este jurista que trabaja con migrantes en España y en el conjunto de la Unión Europea.

“En España tenemos el ejemplo de los venezolanos, se les dice que o estatuto de refugiado o estancia irregular, si se les rechaza la petición de asilo se quedan en el limbo, pero en Alemania existe esa figura de la exención temporal de la expulsión, se le reconoce que no se les puede expulsar pero se les permite seguir trabajando ” amplia este jurista con más de 25 años de experiencia.

Otras 816 personas fueron expulsadas desde centros penitenciarios, la mayoría en aplicación del artículo 89 del código penal que señala que “las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas” es decir, permite sustituir una condena por una expulsión del país. “Los datos siguen sin demostrar vinculación entre delincuencia e inmigración como algunos se empeñan en calumniar porque solo 800 extranjeros expulsados tras cumplir condena” detalla este experto jurídico consultado por la SER.