El Tribunal Constitucional apoya el pago de dinero público para los colegios que segregan por sexo
El Pleno del Tribunal Constitucional se ha dividido al valorar el recurso contra la LOMCE pero ha dado por buenos todos los aspectos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que recurrió en 2014 el PSOE, entre ellos la financiación pública de los colegios que segregan a sus alumnos por sexo
La votación se ha mostrado a favor de la LOMCE por 8 votos frente a 4
Madrid
El Alto Tribunal ha aprobado por mayoría la ponencia redactada por el magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la Ley Wert y de los cinco apartados más polémicos de esta norma educativa que fueron recurridos por más de 100 diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
La sentencia no ve obstáculos constitucionales a que los colegios que programan una educación diferenciada por sexo puedan recibir ayudas públicas. El texto precisa que la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo. Se trata de un método de enseñanza alternativo que, algunos expertos consideran más eficaz que la educación mixta, por lo que está amparado por la libertad de enseñanza que garantiza el artículo 27 de la Constitución. El TC señala que resulta constitucional cualquier modelo educativo cuyo objeto sea el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los principios y a los derechos y libertadas fundamentales.
El Tribunal Constitucional avala también la existencia de la asignatura de religión como materia opcional pero evaluable en los ciclos de educación primaria y secundaria. Según el alto tribunal, hay otras asignaturas que incorporan contenidos de educación cívica y social por lo que la formación en esos valores esta garantizada con el actual sistema.
La propuesta del magistrado Montoya avala también la constitucionalidad de la Ley Wert en cuanto a que los centros podrán "seleccionar" a los alumnos y permite la segregación a los estudiantes en "itinerarios académicos".
Además el texto avala la limitación de la participación de las familias en los consejos escolares y considera que el tratamiento de la asignatura de religión es el adecuado, imponiendo una alternativa obligatoria a la clase de religión.
Los socialistas impugnaron la ley Wert por permitir la educación diferenciada por sexos y avalar la financiación pública de los centros que la practican, por restar poder a los consejos escolares y dar más competencias a los directores, por establecer el carácter evaluable de la asignatura de religión, por establecer itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y por permitir que en los centros que tengan reconocida una especialización curricular se pueda condicionar en parte la admisión al criterio de rendimiento académico.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...