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La mayoría de los jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional no ven terrorismo en las acciones de los CDR

Jueces de Instrucción y magistrados de las salas de enjuiciamiento consideran los incidentes provocados por los Comités de Defensa de la República como desórdenes públicos perseguibles mediante la Ley de Seguridad Ciudadana

La Fiscalía acusa de terrorismo a la detenida vinculada a los CDR / ATLAS

La detención de una responsable de los Comités de Defensa de la República (CDR), Tamara G.C., por un presunto delito de terrorismo y rebelión ha dividido a los jueces de la Audiencia Nacional encargados en exclusiva de este tipo de delincuencia. Una mayoría amplia de los seis jueces centrales de instrucción considera que las acciones de sabotaje realizadas por estos comités no son competencia de la Audiencia Nacional sino de los juzgados ordinarios donde han ocurrido los hechos, al tratarse de desórdenes públicos, o bien pueden ser perseguibles en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Las fuentes consultadas por la SER han mostrado su discrepancia y sorpresa, algunos incluso estaban escandalizados, porque estos hechos hayan sido judicializado bajo la premisa de tratarse de delitos de terrorismo. Incluso varios jueces se sienten “dolidos” por qué se está vulnerando el espíritu del legislador que intensificó la persecución contra la Kale Borroka, en el País Vasco, porque eran una rama de ETA. Esta opinión es también compartida por varios magistrados de las Salas de lo Penal que juzgan este tipo de delitos porque no “aparece ningún componente detrás estas acciones que sean dirigidas por una organización armada”, matizan.

Rechazo previo

Uno de los magistrados rechazó verbalmente asumir este tipo de investigaciones después de que los Mossos le consultaran que tenían abiertas una serie de diligencias por altercados ocurridos durante Semana Santa y durante la huelga del pasado 25 y 26, así como tras detención de Puigdemont. Aun así, el magistrado, remitió la consulta a otro juzgado de instrucción (nº6), que tenía abiertas diligencias por un caso similar.

Según estas fuentes, el origen de esta consulta se inicia cuando el magistrado ordenó a los Mossos que investigaran si tenía credibilidad la denuncia de un particular que identificó a los Comités de Defensa de la Republica como grupos de individuos organizados y armados. Los investigadores de los Moscos informaron al juez de la poca credibilidad de este denunciante y, aprovecharon para poner en conocimiento del magistrado que tenían abiertos cerca de 60 expedientes por este tipo de sabotajes callejeros. El magistrado les explicó que ese tipo de acciones quedaban fuera del alcance y de la competencia de la Audiencia Nacional al no tratarse de delitos terroristas.

El jueves ante el juez

La detenida, de 34 años, pasará este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea para responder sobre los posibles delitos rebelión y terrorismo por los que fue detenida a instancias del Ministerio Fiscal en Viladecans en el marco de la operación 'Cadera' contra los CDR

Durante el registro de su domicilio en Viladecans, los agentes se incautaron de documentación relativa a un acuartelamiento del Instituto Armado en Barcelona, así como cartelería, una agenda, diversos teléfonos móviles, un ordenador y una memoria externa.

A Tamara C.G. se le relaciona además, según fuentes policiales, con un audio que circuló en Semana Santa por redes sociales llamando a la movilización y a las acciones de sabotaje. Los CDR han aumentado desde entonces sus acciones, sobre todo con la detención en Alemania del expresidente catalán huido de la Justicia, Carles Puigdemont.

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Cadena SER

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