El Supremo, pesimista de cara a conseguir la entrega de Puigdemont por rebelión

Madrid

Las fiscalías de España y Alemania han retomado los contactos después de que la justicia alemana dejara en libertad a Carles Puigdemont al considerar inviable la entrega a España por un delito de rebelión. El objetivo es reunir las máximas evidencias posibles para hacer cambiar de opinión al tribunal que aún tiene que resolver sobre el fondo de la orden de detención europea cursada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Fuentes del Ministerio Público consultadas por la Cadena SER aseguran que “no nos rendimos porque no ha terminado el procedimiento”. Añaden que el tribunal “solo se ha pronunciado sobre el mantenimiento de la prisión provisional haciendo un análisis previo de los delitos objeto de entrega”. Aún queda la decisión final, concluyen. Una impresión muy distinta es la que se pulsa en la sala de lo penal del Tribunal Supremo que consideran altamente improbable que los tres jueces rectifiquen su decisión provisional a la vista de los argumentos utilizados. De ahí que Llarena esté estudiando presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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Rebelión y malversación

La traducción oficial e íntegra de la decisión, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, concluye que “está claro que la extradición por la acusación más grave de rebelión no se contempla”. Llegan a esta conclusión porque la orden de detención y entrega “debe considerarse como si los hechos hubieran tenido lugar en Alemania, como si el Presidente de un Estado Federal alemán tuviera la intención de conducir a su Estado hacia la independencia” por medio de la violencia. Una violencia que no ha apreciado en grado suficiente este tribunal.

Sobre el delito de malversación, los jueces reclamaron “información adicional” a España sobre la que ya trabajan ambas fiscalías para despejar las dudas sobre si la financiación del referéndum fue privada y sobre si, además de los compromisos de pago por valor de 1,6 millones de euros, también hubo pagos reales que justifiquen la entrega. La resolución descartó categóricamente la persecución por fines políticos que alegó Carles Puigdemont.