El Constitucional falla contra el Gobierno al vetar iniciativas de la oposición

Alrededor de 70 iniciativas parlamentarias de la oposición están paralizadas en el Congreso por el veto del Gobierno

Hemiciclo del Congreso de los Diputados. /

El Tribunal Constitucional ha resuelto por unanimidad a favor del Congreso de los Diputados y considera que lleva razón cuando levantó dos vetos impuestos por el Gobierno en materia de presupuestos porque no estaban justificados

El alto tribunal ha dictado una sentencia por la que desestiman el conflicto de atribuciones que el Gobierno de Mariano Rajoy presentó cuando la Mesa de la Cámara Baja levantó dos vetos presupuestarios impuestos por el Ejecutivo relativos a la Lomce y a la reforma laboral.

El Gobierno argumentó, en un conflicto de competencias presentado ante el alto tribunal en enero de 2017, que la Constitución le permite vetar cualquier proposición legislativa que altere las previsiones de gastos o ingresos de los presupuestos.

"La motivación del Gobierno resulta insuficiente"

Los jueces consideran que “la motivación del Gobierno resulta insuficiente para verificar la efectiva conexión de la medida con los ingresos y los gastos públicos, no ha supuesto el menoscabo de la competencia del Ejecutiva en este caso”

En esencia los magistrados explican que el art. 134.6 CE contiene una prerrogativa del Ejecutivo que tiene, como presupuesto habilitante, la vinculación estricta a la norma presupuestaria, que debe por ello verse afectada.

Según el tribunal “cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de suponer un incremento de gasto o una disminución de ingresos, y el Gobierno debe justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios. Esta conexión debe ser directa e inmediata, actual, por tanto, y no meramente hipotética. Debe además referirse al Presupuesto en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, pudieran afectar a los ingresos y gastos públicos, pues ello supondría un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución (art. 66 CE).

Por esta capacidad de veto del Gobierno estaban paralizadas en el Congreso alrededor de 70 iniciativas parlamentarias de la oposición. 

Veto motivado

En concreto, si la decisión de la Mesa es la inadmisión de una proposición Ley por su afectación a los ingresos y gastos presupuestados, la misma implica una limitación del ius in officium protegido constitucionalmente, por ser las proposiciones de ley no sólo una forma de participación de los parlamentarios en la potestad legislativa de las Cámaras parlamentarias, sino también "un cauce instrumental al servicio de la función representativa característica de todo Parlamento, operando como un instrumento eficaz en manos de los distintos grupos políticos que integran el Pleno de la Cámara, y que les permite obligar a que éste se pronuncie acerca de la oportunidad de la iniciativa presentada”.

Presupuestos futuros

Según la sentencia unánime, “el veto presupuestario no podrá ejercerse por relación a presupuestos futuros, que aún no han sido elaborados por el Gobierno ni sometidos por tanto al proceso de aprobación regulado en el art. 134 CE. Ciertamente todo Presupuesto está lógica y temporalmente conectado con las cuentas públicas aprobadas en ejercicios anteriores, y con las que se prevé elaborar para los ejercicios futuros, lo que encuentra su reflejo más evidente en los denominados "escenarios presupuestarios plurianuales" a que se refiere la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), de acuerdo con los principios y reglas de programación presupuestaria (arts. 26 y ss. LGP).

Sin embargo, tal conexión plurianual no desnaturaliza el carácter anual del Presupuesto, por lo que el ejercicio de la potestad del art. 134.6 CE se restringe, igualmente, a la a la afectación de una medida al presupuesto del ejercicio en curso .

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