Los 1,6 millones de euros de los que tiene que responder Cristóbal Montoro

Madrid

Un millón seiscientos dos mil un euros con cincuenta y siete céntimos. Es el dinero que, según la Guardia Civil y el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena, salió de las arcas de la Generalitat de Catalunya para financiar la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre. El magistrado acaba de pedir al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aporte las pruebas en las que se basa para afirmar que el Govern de Puigdemont no gastó ni un euro público en el referéndum: elegir entre contradecir a la Guardia Civil o asumir que Hacienda fracasó a la hora de controlar el gasto de la Generalitat.

Todo pivota en torno a la investigación de un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de los catorce procesados que formaban entonces parte del ejecutivo catalán: la Guardia Civil ya ha entregado al juez sus informes y el magistrado ha puesto esta parte de la causa bajo secreto de sumario a la espera de que los investigadores aporten todas las pruebas de las que disponen y analizarlas de forma minuciosa.

En su auto de procesamiento del pasado 23 de marzo el juez Llarena dejaba negro sobre blanco la conclusión de la Guardia Civil: los acusados sacaron 1.602.001,57 euros de las arcas de los distintos departamentos de la Generalitat de Catalunya para financiar el referéndum ilegal repartidos entre la campaña de registro de catalanes en el extranjero (224.834,25), la campaña de publicidad (277.804,36), las papeletas y el censo electoral (979.661,96) y finalmente los observadores internacionales (119.700).

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Son gastos públicos que, según dijo entonces el magistrado, "necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum que convocaron los integrantes" del Govern.

Bajo secreto sumarial

Llarena proceso ese día a catorce personas por malversación, pero es una parte de la investigación que todavía tiene muchos flecos sueltos. El pasado 20 de marzo el magistrado ubicaba todo lo relacionado con la malversación de caudales públicos bajo secreto de sumario y pedía al grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil que aportase "los documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte" a esa cuantificación de más de millón y medio.

En ese mismo auto de procesamiento el juez explicaba, por encima, por qué atribuía el delito de malversación a los catorce exmiembros del Govern, hablando de una "relevante disposición de fondos públicos" para finalidades ajenas a las legales y que todos firmaron un Decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum que "en el que todos ellos autorizaban a los diferentes departamentos para que realizaran las acciones y contrataciones necesarias para la realización del referéndum".

La "coletilla" de Rull

Para cuando el referéndum se celebró, las cuentas de la Generalitat de Catalunya llevaban ya dos semanas bajo un "sistema de control de pagos" de Hacienda, que según explicó Cristóbal Montoro en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros serviría para evitar que "ni un euro" fuese destinado a financiar "una actividad ilegal" como el referéndum, ya entonces ilegalizado por el Tribunal Constitucional. Una medida que incluso fue avalada a finales de septiembre por el Tribunal Supremo.

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Una afirmación refrendada en una entrevista concedida al diario El Mundo el pasado lunes 16 de abril, cuando afirmó que "yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas, pero sé que no con dinero público", y a la que se han agarrado varios imputados esta semana para combatir la acusación por malversación de fondos públicos durante sus indagatorias ante el juez Llarena. Josep Rull, por ejemplo, negó el haber usado fondos públicos de su departamento añadiendo que "tal como ha manifestado el ministro Montoro". La defensa de Carles Puigdemont, que combate que pueda ser entregado por malversación después de regatear la acusación de rebelión en Alemania, también esgrime estas palabras.

Cristóbal Montoro, por tanto, tendrá que explicar sus contundentes afirmaciones ante el juez Pablo Llarena, y desmentir los informes de la Guardia Civil o reconocer que más de millón y medio de euros de la Generalitat escaparon a su control, a menos que se demuestre que ese dinero se gastó antes de que el ejecutivo central empezase a supervisar las cuentas catalanas a mediados de septiembre.