El juez del 'caso Lezo' encuentra en Colombia pruebas del desfalco millonario de Inassa

El magistrado Manuel García Castellón recopila en Colombia desde el pasado lunes distintas pruebas que apuntan al desfalco del Canal de Isabel II en Colombia a través de sus filiales. Junto a la fiscal Ana Cuenca y su homólogo en Colombia, el fiscal Gilberto Romero, han recogido e incautado contratos, expedientes e interrogado a directivos de Triple A en Barranquilla, empresa pública de aguas colombiana controlada mayoritariamente por Inassa, desde donde la justicia colombiana cree que se han desviado millones de euros en comisiones durante años.

En la sede de Triple A Barranquilla, Manuel García Castellón y la comitiva judicial han interrogado a su secretario general, Galeano Franceschini, y a otros trabajadores y directivos de la empresa y el ayuntamiento de la región. En el punto de mira está, por un lado el desembarco del Canal de Isabel II en Latinoamérica, a través de la compra en 2001 de su filial en Colombia, Inassa, en la epoca de Alberto Ruíz Gallardón. Por otro, la operación de compra de Emissao durante la gestión de Ignacio González. Según fuentes judiciales, ambas comitivas -española y colombina- han intercambiado información sobre la operación de compra de 2001, además del material incautado.

Pero hay también otras operaciones que investiga la Fiscalía General de Colombia y de las que han dado traslado a García Castellón para poder cruzarlas con las diligencias del caso Lezo. Se trata del desvío de más de 80 millones de dólares, según cifras de la Procuraduría del país, a través de un contrato de asistencia técnica firmado entre Triple A de Barranquilla y la española Inassa en el año 2000 y que ha estado vigente durante 17 años.

Las autoridades colombianas aseguran que los trabajos de asistencia eran presuntamente fictícios y se facturaron desde Inassa, según fuentes de la investigación consultadas por la Cadena SER.

Cooperación reactivada

El viaje del magistrado Manuel García Castellón y la comitiva judicial se produce en virtud del convenio de cooperación entre ambos países. A raíz de la explotación del 'caso Lezo', abril de 2017, se abrió la 'operación Acordeón' en Colombia, instrucción paralela que investiga la corrupción de las filiales del Canal de Isabel II en el país latinoamericano.

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En el marco de esta cooperación, los equipos del juez y la fiscalía han contrastado y compartido la información de las distintas piezas investigadas. Junto a funcionarios adscritos a la causa en ambos países, Manuel García Castellón y la comitiva se han entrevistado con el Fiscal Nestor Humberto Martínez, el Procurador General, Fernando Carrillo, institución similar al Tribunal de Cuentas español con funciones ejecutivas, además de auditores y peritos. Ambas instituciones han dado ya traslado al juez los expedientes completos de las investigaciones.

El viaje ha coincidido con la detención y posterior confesión del ex gerente de la Triple A, Ramón Navarro Pereira, el pasado mes de marzo. Navarro reconoció los trabajos presuntamente fictícios del contrato de asistencia técnica y el desvío millonario de fondos desde Inassa a una estructura fiduciaria opaca.

Además del contrato de asistencia técnica, según la Fiscalía, durante los años 2012 a 2015, Ramón Navarro, los representantes de Inassa y R & T, otras de las filiales del Canal, desviaron unos 10 millones de dólares a través de 54 contratos de servicios y 4 de consultorías no prestados.

Panamá, último eslabón

Este jueves está previsto que Manuel García Castellón viaje a Panamá donde se reunirán con la fiscal de enlace y autoridades panameñas. Según fuentes de la investigación, los ingresos por el contrato de asistencia técnica entre Inassa y Triple A acabaron en empresas opacas en Panamá. Los investigadores creen que, desde estas sociedades opacas, una parte fue a parar al pago de comisiones de políticos colombianos y españoles; otra a directores y gerentes de las empresas de aguas, tanto la colombiana Triple A de Barranquilla como Inassa. A pesar de que el contrato se firmó en el año 2000, estas mismas fuentes aseguran que están centrados en los años en los que el expresidente de Madrid, Ignacio González, presidía el Canal, junto a su número dos en Colombia, Edmundo Rodríguez.

En el contrato de consultoría investigado, según hizo público la Fiscalía en Colombia, Inassa pactó cobrar el 4,5% de la recaudación de la Triple A (empresa pública de Barranquilla que recauda el cobro del agua en la región) y del que no hay respaldo documental de la asistencia. Los fiscales anticorrupción calculan que en 17 años de vigencia del contrato, el presunto desvío de unos 80 millones de euros fue a parar a las sociedades Canal Extensia y Slasa, según el fiscal.

Gallardón, objetivo del viaje

Las diligencias dirigidas por el juez Manuel García Castellón apuntan también a las operaciones de compra por parte del Canal del accionariado mayoritario de Inassa en 2001. El desembarco se produjo con el exministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, al frente de la Comunidad de Madrid y el Consejo de Gobierno que aprobó las operaciones en noviembre de ese año.

Aunque esta pieza está avanzada, según las fuentes consultadas, la comitiva judicial española continúa interrogando a empresarios y funcionarios vinculados a la adquisición del accionariado por parte del equipo de Gobierno de Gallardón. Una operación que también pasó por Panamá y sobre la que el juez llevará a cabo diligencias in situ esta semana.