La Guardia Civil cree que el Govern usó Òmnium Cultural como "pantalla" para financiar el 1-O con dinero público
Un informe de la Guardia Civil aportado recientemente a la causa eleva a 1,9 millones de euros el dinero supuestamente malversado por el Govern de Puigdemont y asegura que parte de esa cantidad se canalizó a través de Òmnium Cultural
Madrid
La cantidad de dinero público que, según los investigadores, la Generalitat invirtió en el referéndum ilegal del 1 de octubre sigue creciendo: un último informe de la Guardia Civil aportado a la macrocausa que instruye el juez Llarena en el Tribunal Supremo eleva por encima de los 1,9 millones de euros la cantidad que distintos departamentos del Govern de Carles Puigdemont sepultaron en la organización de las votaciones.
El documento detalla que, a falta de mayores comprobaciones, la Generalitat gastó 502.639,61 euros en campañas publicitarias, otros 980.313,76 en los servicios de la empresa UNIPOST, otros 61.879 en carteles de propaganda, otros 217.656,22 en los observadores internacionales, otros 17.690,20 en un acto celebrado en julio en el Teatro Nacional de Catalunya y finalmente 152.578,63 euros en material electoral.
La Guardia Civil, por tanto, aumenta en aproximadamente en 300.000 euros su primera estimación y apunta directamente a los supuestos responsables directos de algunos de estos gastos: a la consejería de Exteriores que dirigía entonces Raül Romeva de lo relativo a los observadores internacionales y el DIPLOCAT, y a Jordi Turull y el grupo de JxSí en el caso del acto que se celebró bajo el título "Garantías para la democracia".
Además, en su informe la Guardia Civil explica su sospecha de que el Govern pudiese haber canalizado parte de este gasto, el relativo a los carteles de propaganda, a través de Òmnium Cultural "como sociedad interpuesta". También cree que el acto pudo ser sufragado con subvenciones del grupo municipal de JxS que entonces integraban el PdeCat y ERC. Igualmente reconoce que buena parte de las facturas relativas a UNIPOST no se han pagado.
El informe ha sido aportado a una parte de la causa que permanecía bajo secreto de sumario desde hace un mes: hasta el momento, la Guardia Civil y el juez habían cifrado la hipotética malversación por parte del Govern destituido en 1.602.001,57 euros.
VOX sopesa que testifique Montoro
Toda esta información ha llegado a la mesa del juez Llarena casi al mismo tiempo en que el magistrado ha pedido explicaciones al ministro Cristóbal Montoro por sus afirmaciones públicas negando la existencia de este delito de malversación. Esta mañana, los representantes de la acusación popular ejercida por VOX han anunciado que solicitarán la testifical del titular de la cartera de Hacienda si las explicaciones que remitan al Supremo no son satisfactorias.
Los representantes de VOX hoy en el Supremo / Alberto Pozas
Javier Ortega, abogado de la acusación popular, ha cargado contra Montoro y ha asegurado que "vamos a esperar a que nos llegue el informe aclarando esas manifestaciones, si no es contundente y no desacredita la información que tenemos estos momentos solicitaríamos la testifical del señor Montoro", anunciando incluso posibles acciones penales contra él.
