El Congreso encarga un informe para aclarar si puede reconsiderar a posteriori las 58 leyes vetadas por el Gobierno

Madrid

La Mesa del Congreso, a petición de Ciudadanos, ha acordado pedir un informe jurídico para determinar si puede reconsiderar o no con carácter retroactivo los 58 vetos del Gobierno a otras tantas leyes de la oposición esta legislatura, tal y como habían pedido formalmente PSOE y Unidos Podemos. Ambos grupos, apoyándose en la reciente sentencia del TC que reconoce al Congreso la capacidad de oponerse a los vetos del Ejecutivo que no acrediten convenientemente la incidencia presupuestaria de esas leyes, quieren una segunda oportunidad para las iniciativas que, a su juicio el Gobierno ha vetado de forma arbitraria y la mayoría de PP y Ciudadanos ha avalado sistemáticamente en la Mesa del Congreso sin certificar si estaban suficientemente fundamentadas.

Ciudadanos, que suma mayoría con el PP en la Mesa del Congreso, ha evitado hoy retratarse con los populares aunque tampoco ha votado con PSOE y Unidos Podemos. Ha optado por solicitar un informe jurídico para que los letrados del Congreso aclaren si la Cámara tienen competencia para reconsiderar sus propias decisiones con carácter retroactivo. Además, la Mesa ha evitado hoy pronunciarse sobre dos vetos nuevos del Gobierno a sendas proposiciones de ley del PSOE y del PdCAt para subir todas las pensiones conforme al IPC. El Ejecutivo se opone a su tramitación con el argumento de que suponen un incremento presupuestario de 1.987 millones de euros y además es acumulable en el tiempo ya que su valor se compromete anualmente hasta que causen baja las pensiones que se revalorizan". El Congreso ha evitado pronunciarse hasta que el Gobierno aclare si estos nuevos vetos se han redactado o no teniendo en cuenta ya la sentencia del TC, ya que los escritos de disconformidad llegaron a la Cámara el mismo día que se conoció el fallo del alto tribunal.

 Nunca en la historia de la democracia un Gobierno ha utilizado tanto el veto presupuestario como en esta legislatura. En apenas año y medio de legislatura el PP ha vetado 58 leyes, 20 de Unidos Podemos, 11 del PSOE, 14 del resto de grupos de la oposición y 12 de parlamentos autonómicos. El bloqueo ha impedido que lleguen a debatirse en el Congreso cuestiones con mayoría política suficiente para prosperar como la supresión de las tasas judiciales, la equiparación de los permisos de paternidad, o la exhumación de las fosas del franquismo, la creación de un impuesto a la banca o la puesta en marcha de un fondo de accesibilidad para personas con discapacidad.

En algunos casos, el Gobierno se ha escudado para vetar esas iniciativas en su posible incidencia sobre presupuestos futuros, algo que, según remarcan PSOE y Unidos Podemos, la sentencia del Constitucional ha precisado que no puede hacer. El fallo del alto tribunal establece que el veto gubernamental debe circunscribirse a aquellas iniciativas que impliquen una "conexión directa e inmediata, así como actual y no meramente hipotética, debiendo referirse al Presupuesto en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, pudieran afectar a los ingresos o los gastos públicos, pues ello supondría un ensachamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución".