El Congreso aprueba el desahucio exprés contra los okupas
El desalojo se producirá en 20 días en lugar de en los dos años actuales
Casa okupa En Madrid / EUROPA PRESS - Archivo (EUROPA PRESS)
Madrid
La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado a una proposición de ley para desahuciar a okupas de viviendas de personas físicas, instituciones públicas y ONG en 20 días en lugar de en los dos años actuales. La iniciativa, del PdeCat, ha sido apoyada por el PP, PNV y Ciudadanos y rechazada por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís.
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Con la nueva ley, el proceso de desahucio arranca cuando el titular de la vivienda okupada informa al juez de la situación. Si el supuesto okupa no puede justificar su permanencia en la vivienda, se abre el plazo de 20 días para que el juez determine el desalojo. De forma paralela, el juez tendrá que cerciorarse de que el okupa no es vulnerable. Si lo es, pedirá a la Administración un alojamiento alternativo en un plazo de siete días.
Lourdes Ciuró, del PdeCat, ponente de la norma, asegura que "busca proteger las viviendas de personas físicas, de instituciones públicas y de ONG". Insiste en que no incluye a las viviendas de fondos buitre, ni de grandes propietarios, como entidades financieras. "No se puede aplicar en ningún caso a personas que dejan de pagar la cuota de alquiler o la cuota hipotecaria", ha incidido Ciuró en la comisión, sino que va contra las mafias que okupan viviendas ajenas.
Sin embargo, Lucía Martín, de Unidos Podemos, apunta a que el problema "es que esta ley no va a dar respuesta al problema de las okupaciones, que sabemos que existe y que es preocupante. Esta ley no le va a tocar un pelo a las mafias ni a las organizaciones delictivas que son las que se aprovechan de las personas en situación de vulnerabilidad", sino desahuciar a este colectivo "sin ninguna garantía de realojo", porque "una llamada a servicios sociales, conociendo como están, no va a garantizar ningún realojo", ha lamentado Martín.
El PSOE se ha descolgado del texto, aunque lo había acordado y respaldado en parte en la fase de ponencia, porque el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los okupantes", según la portavoz socialista de Vivienda, Mar Rominguera.
