El PSOE propone reformar la ley para endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados

Madrid

La autorización de actividades privadas al margen del escaño separa a populares y socialistas, aunque el intercambio preliminar de documentos entre ambos partidos abre la vía a explorar una posible reforma para que, por primera vez, el Congreso verifique las declaraciones sobre la dedicación extraparlamentaria de los diputados y establezca algún mecanismo sancionador en caso de incumplimiento o falsedad.

La Cadena SER ha tenido acceso a la propuesta del PSOE para endurecer el régimen de incompatibilidades de los diputados que, entre otros aspectos, propone reformar la ley electoral para evitar, por ejemplo, lagunas que permitan ejercer la asesoría en el sector privado por parte de los parlamentarios. El documento ha sido enviado al PP en respuesta al escrito que los populares remitieron al PSOE a mediados de abril y en el que, según adelantó la SER, los populares se mostraban abiertos, por primera vez, a verificar la veracidad de las declaraciones de actividades y de bienes de los diputados, incluida también la titulación académica manifestada por sus señorías.

La contrapropuesta del PSOE plantea un punto de partida para una reforma legislativa y del reglamento del Congreso que los socialistas piden extender para su debate y negociación al conjunto de los grupos parlamentarios. La diferencia fundamental estriba en que, mientras los populares quieren mantener el actual sistema de compatibilidades, el PSOE apuesta por acabar con la autorización en bloque de actividades privadas de sus señorías, acotando al máximo los supuestos en los que pueden desempeñar funciones remuneradas al margen del escaño: la gestión del patrimonio personal o actividades científicas, literarias o docentes.

El PSOE propone reformar la redacción de la LOREG para explicitar esas excepciones, de modo que el Congreso no avale sistemáticamente las solicitudes de compatibilidad de sus señorías. Sólo así, entienden, se podrá sellar el resquicio legal que puede desembocar en prácticas de dudosa ética que conlleven información privilegiada. Los socialistas creen que la propuesta del PP no es suficiente para prevenir conflictos de intereses en la práctica parlamentaria, y tampoco está a la altura de las recomendaciones en transparencia planteadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), constituido en el marco del Consejo de Europa.

En lo que sí podría haber más acuerdo -aunque PP y PSOE discrepan en la intensidad de su modulación- es en la posibilidad de verificar las declaraciones de bienes y actividades de los diputados y establecer posibles sanciones en caso de falsedad e incumplimiento, algo que ahora mismo no sucede.

El PSOE sin embargo, cree tibia la propuesta de los populares y exige que la Comisión del Estatuto del diputado pueda ordenar la comparecencia de los parlamentarios para verificar la veracidad de sus declaraciones de actividades, pudiendo recabar además información externa a organismos públicos o privados, desde la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o cualquier universidad, fundación o empresa. Los socialistas también reclaman un mayor grado de detalle y concreción en esas declaraciones de bienes y actividades (punto que también propone el PP) y exigen un régimen efectivo de infracciones y sanciones en el caso de que se demuestre el incumplimiento.