Cifuentes, a merced de los juzgados ordinarios tras renunciar al acta

Madrid

Cristina Cifuentes no está imputada en ningún procedimiento abierto contra los responsables del PP de Madrid, pero si está bajo la lupa del juez por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, dentro de la trama Púnica.

Las repercusiones jurídicas que se desprenden de la pérdida del fuero como diputado permiten a partir de ahora a cualquier juez de instrucción citar a declarar a Cifuentes sin necesidad de trasferir o delegar la investigación al TSJM, como único organismo encargado de enjuiciar a los diputados aforados. También se quedó sin fuero ante el Tribunal Supremo cuando dimitió como presidenta del Gobierno regional.

El pasado abril, el juez Manuel Garcia Castellón se negó a archivar esta investigación mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado que Cifuentes fuera investigada por delitos de prevaricación continuada y cohecho al observar que la adjudicación de los concursos de 2009 y 2011 pudieron estar amañados porque "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

Además, Cifuentes ha sido mencionada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados como una de las dirigentes del PP madrileño, junto a Esperanza Aguirre, que eran conocedoras de la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Cifuentes se querello contra Granados pero el juez ha archivado la demanda porque la conducta de su excompañero de partido no podía encuadrarse en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias", tal y como le acusaba la exdirigente regional.

Cifuentes también es protagonista indirecta de la investigación penal que tramita un Juzgado de Instrucción en Madrid por un delito de falsedad documental en relación al máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Por ahora han sido citados como imputados el director del master, Enrique Álvarez Conde, una de las profesoras que firmó el acta de trabajo de fin de máster, así como la funcionaria que habría retocado las notas en la intranet de la URJC.