El juez confirma el procesamiento por rebelión de Carles Puigdemont y la cúpula del procés

Madrid

El juez Pablo Llarena ha confirmado su propia decisión de procesar a 23 líderes del procés independentista, entre ellos al expresident Carles Puigdemont por un delito de rebelión. La decisión sólo deja fuera a Toni Comín y Meritxell Serret, que no están personados en la causa y por tanto no pudieron recurrir.

El juez defiende que "concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de delito de malversación" recogidos en la causa. Como en autos anteriores, el juez defiende tanto la violencia desatada en las calles de Barcelona el 20 de septiembre como también durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre, "para cuyo desarrollo fue necesario lanzar a la población a que se enfrentara a las fuerzas del orden que trataron de impedir la votación".

Doce de los imputados fueron procesados por rebelión junto con el expresident: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, Marta Rovira y Cara Ponsatí. Los procesamientos de Toni Comín y Meritxell Serret, por este mismo delito en el caso del primero, no fueron recurridos al no estar personados, mientras que el resto fueron procesados por desobediencia y algunos, los exmiembros del Govern, por malversación de fondos públicos.

Los imputados todavía pueden recurrir su procesamiento ante la sala de apelaciones compuesta por tres jueces de este mismo Tribunal Supremo. Una vez su procesamiento sea firme, el magistrado ha mostrado en autos anteriores su intención de suspender su actividad política en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su artículo 384 bis.

Una violencia "asumida y buscada"

En su auto, el juez confirma sus propios argumentos y explica que la violencia no fue algo imprevisto "sino que fue conscientemente asumida y buscada par la ejecución de estos hechos", justificando así la acusación por rebelión que pesa sobre trece de los encausados. El magistrado también apuntala la acusación por desobediencia contra los miembros de la Mesa del Parlament: "Debería ruborizar el alegato de que la Mesa vino forzada a tolerar las iniciativas secesionistas del Parlamento por exigencias reglamentarias", dice.

Por primera vez, el juez también abre la puerta a que en el juicio sean acusados por sedición y no por rebelión si así lo deciden las acusaciones: si no se acreditase la comisión de un delito de rebelión "ello no conduciría al sobreseimiento de las actuaciones" ya que no se excluye la acusación por este segundo delito. También afirma que no puede descartarse la acusación por conspiración para la rebelión.