La ley con la que Ciudadanos quiere evitar más 'casos Cifuentes' en otras universidades

Madrid

Un mes y medio después de estallar el escándalo del máster de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Ciudadanos ha presentado una propuesta de Ley para mejorar la “transparencia y la gestión” en las Universidades españolas. Y es que, después de lo ocurrido, Ciudadanos quiere “que cambien las cosas en la Universidad” porque no se puede seguir permitiendo, dijo hace unos días Albert Rivera, “que la corrupción llegue incluso a tramas” dentro de esta institución que tiene que estar “libre de cualquier sospecha política”.

Según han explicado este viernes la responsable de Educación en Ciudadanos, Marta Martín, y el responsable económico, Luis Garicano, la proposición de Ley tiene 15 artículos. El más destacado es el que se refiere a que será “obligatorio” publicar los trabajos fin de máster en la web de la Universidad correspondiente para que “sean accesibles a cualquier persona”. Hasta ahora la legislación sólo obliga a la publicación de las tesis doctorales en formato electrónico, según un Real Decreto que entró en vigor en 2011 (VER DOCUMENTO AQUÍ).

Sin embargo, no es obligatorio publicar los llamados ‘TFM’ (los trabajos fin de máster), por lo que si hubiese este aspecto hubiera estado aprobado antes de estallar el escándalo de Cifuentes ella se hubiera ahorrado tener que decir que lo perdió entre mudanzas y cualquier persona hubiera podido comprobar si la expresidenta había hecho o no el tan polémico documento.

Otro aspecto que contendrá la norma será un conjunto de medidas para que las plazas en cada Universidad “no se ocupen por enchufismo”, algo de lo que se acusa a algunas Universidades de nuestro país, incluida la Rey Juan Carlos, protagonista de la “trama Cifuentes”. En concreto, se propone reformar el sistema de obtención de plazas para hacerlo por "mérito y capacidad". Y para ello, Ciudadanos quiere que las convocatorias de esas plazas sean "públicas" y "en fechas fijas cada año". Además, si la ley presentada por Ciudadanos se aprueba, los miembros de los tribunales de selección "se deberán elegir por sorteo". Y serán personas que deberán "tener un mínimo de sexenios que acredite su capacidad académica e investigadora".

Por otro lado, la norma contemplará “mecanismos de control” del trabajo y las decisiones que se adopten en las universidades. En concreto se propone reformar los Consejos Sociales de las mismas para que estén integrados "mayoritariamente" por miembros independientes, elegido por cada Comunidad Autónoma por procedimientos "abiertos y objetivos", basados en el mérito y la capacidad. También la proposición de Ley contempla activar la llamada Alta Inspección Educativa del Estado para "supervisar" que las Comunidades Autónomas y las universidades cumplan con la legislación nacional sobre títulos, profesorados y gestión.

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La norma prevé medidas proteger a los denunciantes de posibles casos de corrupción universitaria. Para ello, se apuesta por crear un "Consejo de Transparencia e Integridad", que sea independiente y que esté encargado de velar por el cumplimiento de la legislación y el código ético. Este Consejo investigará las denuncias y protegerá a los denunciantes. Podrá sancionar y retirar los títulos ilegalmente obtenidos.

Sobre la financiación, también se proponen algunas novedades, como que aquélla que sea "adicional" se vincule a la calidad, con criterios como el porcentaje de profesores e investigadores de excelencia, y también a la rendición de cuentas.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido el apoyo de los grupos políticos en el Congreso, especialmente al PP y al PSOE, para poder aprobar la Ley. "No se trata de convencerles", ha dicho, "sólo de que la apoyen porque es buena para la sociedad española".

De momento, el proyecto de Ley se registrará en el Congreso de los Diputados. La norma tendrá que ser después calificada por la Mesa de la Cámara Baja. El Gobierno dispone de un mes para vetarla o no porque entienda que pueda suponer una modificación presupuestaria. Una vez pasado este trámite, el grupo parlamentario decide cuándo proponerla para comenzar el trámite y llegar a pleno, algo que puede demorarse varios meses. Con el calendario en la mano y teniendo en cuenta que todavía no se han debatido los Presupuestos Generales del Estado, será muy complicado que la propuesta pueda debatirse en el presente periodo de sesiones.