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Los estibadores vuelven a amenazar con paralizar los puertos

Denuncian la "inseguridad jurídica" a que les aboca un año después el decreto que liberalizó su actividad

La tensión laboral vuelve a los puertos españoles. La paz social parecía instalada en ellos puertos españoles tras la conflictividad antes y después de que el gobierno aprobase un decreto ley para liberalizar el sector. Este lunes se cumple un año de su entrada en vigor y este aniversario está precisamente en el origen de la reactivación del conflicto.

Al cumplirse un año de la entrada en vigor del real decreto ley 8/2017 los convenios colectivos de los puertos tienen que adaptarse a él. Decaen -ya no son de aplicación- los puntos de esos convenios que no se ajusten a esa norma.

En teoría empresas y sindicatos han tenido un año para negociar esa adaptación: Desde el verano pasado los sindicatos se han mostrado dispuestos a recortar nóminas y mejorar productividad a cambio de que las empresas que ya operan en los puertos les sigan contratando y se pueda mantener el empleo, con buena parte de las condiciones actuales.

Pero ambas partes han declarado que no se pueden cerrar acuerdos mientras no entre en vigor un segundo decreto -comprometido por el Gobierno en el que ahora cumple un año- con normas para la prejubilación de estibadores -que servirá para aligerar y abaratar plantillas- o el funcionamiento de los nuevos "centros portuarios de empleo": bolsas de trabajo que, si hay acuerdo, pueden sustituir a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios -SAGEP- que hasta ahora han operado en régimen de monopolio en los puertos y deben desaparecer en tres años.

En trámite

El segundo decreto aún se está tramitando y tardará semanas. Aun no se ha remitido al Consejo de Estado. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lo justifica por la dificultad de la norma, pero asegura que su ausencia no supone un obstáculo para que empresas y sindicatos cierren acuerdos. "Yo creo que todos sabrán acomodar sus negociaciones a la aprobación definitiva de ese real decreto. No tiene por qué suponer ningún trauma".

Y descarta el plan que B que proponen los sindicatos: ya que no hay reglamento de referencia para anclar la adaptación de los convenios, que se amplíe el plazo para adaptar los convenios, hasta un año a partir de la aprobación del segundo decreto. Una prórroga de esas características no se puede incluir dentro del real decreto", zanja el ministro.

Pero está previsto que el próximo jueves se debata en el Congreso una propuesta de Coalición Canaria -como enmienda a los presupuestos generales- que asume la posición sindical. Los mismos sindicatos buscan apoyos a esta propuesta. Aseguran que si sale adelante, cumplido su objetivo central, podrían renunciar a la huelga.

"Inseguridad jurídica"

La pérdida de vigencia de los convenios colectivos en todo lo que entre en contradicción con el real decreto ley 8/2017 implica, según la patronal de la estiba ANESCO, "un escenario de inseguridad jurídica, que debe ser evitado, puesto que decaerían parcialmente los convenios colectivos vigentes".

Jose Manuel Perez-Vega, secretario federal del sindicato del Mar de UGT, abunda en ello: "A partir de ahora las empresas pueden anular todos los artículos que a su modo de ver sean contrarios al real decreto. Y a los trabajadores sólo les quedará denunciar o acudir a los juzgados (para preservar sus derechos). La inseguridad jurídica es clave".

Nuevos estibadores

La aplicación del real decreto ley 8/2017 introduce otra importante novedad al cumplirse un año de su entrada en vigor: pueden entrar en los puertos nuevos operadores que pueden contratar el 25% de su mano de obra fuera de las SAGEP llamadas a desaparecer. Es decir, nuevos colectivos laborales puede dedicarse a la estiba, una actividad hasta ahora totalmente contingentada. Y los sindicatos se declaran maniatados para cerrar acuerdos que den garantías de continuidad al empleo actual y en buenas condiciones.

Negociación

Los sindicatos han pospuesto su anunciado preaviso de huelga. Tenían previsto convocar un primer paro de 24 horas el martes 22 de mayo, pero lo han dejado en suspenso después de que el gobierno accediese a reunirse con sus representantes este lunes. Acudirán a la cita los secretarios de Estado de Infraestructuras y Empleo, según fuentes sindicales.

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