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Los siete fugados del procés tendrán juicio propio

El juez Pablo Llarena acepta una solicitud de la Fiscalía y abre una pieza separada para juzgar "de forma indendiente" a los siete fugados: Puigdemont, Comín, Serret, Ponsatí, Rovira, Gabriel y Puig

Imagen de Carles Puigdemont en Berlín / ()

El juez Pablo Llarena ha decidido que los siete cabecillas del procés fugados por Europa tendrán su propio juicio: en una providencia, el magistrado instructor del Tribunal Supremo ordena abrir una pieza seprada para los siete declarados en rebeldía "considerando que existen elementos suficientes para ser juzgados de forma independiente" y poder así adelantar los trámites del proceso seguido contra la restante veintena de imputados.

En la práctica, el movimiento del juez Llarena implica que el Tribunal Supremo tiene vía libre para sentar en el banquillo a los otros 18 investigados, la mitad en la cárcel y la otra mitad en libertad con cautelares. Haber matenido toda la causa unificada le habría obligado a esperar a que finalizasen con éxito los procesos de extradición contra los fugados en Alemania, Bélgica, Escocia y Suiza. 

 El macroproceso judicial contra el procés culminará, por tanto, en dos juicios: uno con Junqueras, los 'Jordis', los encarcelados y el resto de imputados y otro con los fugados en caso de ser entregados: Carles Puigdemont, Marta Rovira, Anna Gabriel, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Procesos de extradición

Todavía quedan algunos trámites por completar antes de poder sentar en el banquillo a los acusados que están presos o en libertad con cautelares: su procesamiento por rebelión, desobediencia o malversación está todavía pendiente de confirmación por parte de la sala de apelaciones, además de la apertura de juicio oral y la calificación por parte de las partes.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira / ERC - Archivo (EUROPA PRESS)

En el caso de los fugados, sus posibles entregas están pendientes de lo que decidan las autoridades alemanas, suizas, belgas y escocesas: unas decisiones que pueden condicionar la posibilidad de que sean, algunos, acusados o no del delito de rebelión que les atribuye Llarena y que cimenta la causa. En el caso de Anna Gabriel no se encuentra bajo búsqueda y captura internacional, sólo dentro de nuestras fronteras.

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