La hora de la verdad para los Presupuestos
El Gobierno se enfrenta a una votación decisiva para la legislatura con el 155 aún vigente y con los votos imprescindibles del PNV que ha concluido apoyar las cuentas públicas
Los nacionalistas vascos se han enfrentado a la incómoda tesitura de optar entre mantener su línea roja con respecto a la intervención del Estado en Cataluña o preservar los logros obtenidos, en particular la revalorización de los pensiones
Madrid
Una vez más otra votación de infarto, sin margen para errores. Una vez más, la incertidumbre hasta el último minuto cuando el PNV ha desvelado que votará de forma afirmativa. Una vez más, el endiablado escenario en Cataluña se entrecruza en otra votación trascendental en el Congreso, poniendo a prueba la estabilidad y la duración de la legislatura y de paso la compleja política de alianzas, intereses, compromisos y cálculos electorales que presiden el fragmentado mapa parlamentario.
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El tiempo para aprobar los presupuestos se agotará definitivamente en la tarde de este miércoles cuando la presidenta Ana Pastor llame a la última de las centenares de votaciones de las que dependen las cuentas para 2018. Un momento al que el Gobierno y el PNV confiaban en llegar con la certeza del 155 levantado después del nombramiento de un nuevo Govern. Sin embargo, los últimos acontecimientos en Cataluña han vuelto a situar a los cinco diputados vascos en el ojo del huracán y al PNV en la incómoda tesitura, salvo una pirueta final en el escenario catalán, de tener que optar y argumentar entre mantener su línea roja -siempre supeditó su apoyo al levantamiento efectivo del 155-, o bien preservar los logros conseguidos, en particular la revalorización de las pensiones para 2018 y 2019, asunto muy sensible en Euskadi, epicentro de las protestas de los jubilados, además de las inversiones para la llamada agenda vasca y de paso evitar un posible adelanto electoral. Finalmente ha optado por apoyar el Presupuesto.
El Gobierno trabaja en el escenario de sacar adelante las cuentas gracias a esos cinco votos del PNV que son imprescindibles para alcanzar los 176 que el PP necesita sumar con Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias, reeditando así las alianzas que le permitieron ya sacar adelante las cuentas del año pasado. Todos esos votos están cerrados, después de que UPN oficializara ayer su respaldo tras firmar un documento con Rajoy en el que ambas fuerzas materializan por escrito la voluntad de que no haya concesiones a los etarras tras la disolución de la banda terrorista.
El Gobierno confía en que no haya sobresaltos y que el PNV apruebe finalmente las cuentas (tal y como hizo ayer en la votación de la primera parte de las secciones), bajo el argumento, trasladado hasta la saciedad, de que no han sido ellos sino la provocación de Torra la que ha obligado a mantener el bloqueo. Durante el debate de ayer, el ministro Montoro se esforzó en elogiar el sentido de la responsabilidad de los peneuvistas impulsando acuerdos para el conjunto de pensionistas y no sólo para un territorio en concreto, al tiempo que puso en valor la política con sentido de Estado más allá de lo que apuntan las encuestas. El procedimiento parlamentario de tramitación de las cuentas deja en manos del PNV tumbar o aprobar los presupuestos con tan solo un voto en contra en una de las secciones, y hoy todavía habrá centenares de pulsaciones en los paneles del Congreso. Un margen tan ajustado que, al margen del posicionamiento final del PNV, puede convertir en determinante cualquier ausencia o error en el Hemiciclo por parte de cualquiera de los 350 diputados que emitirán su voto.
PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDcat, Compromís y Bildu reiterarán su rechazo frontal a unas cuentas que, a su juicio, no corrigen la desigualdad ni permiten que la recuperación económica llegue a todos los bolsillos, en particular a los de quienes más han sufrido la crisis. Unas cuentas heridas de muerte además en su credibilidad tras conocerse la imputación del número dos de Montoro, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias de la época en la que era alcalde de Jaén.
