Macrooperación contra el desvío de hasta 10 millones de euros de subvenciones públicas hacia asociaciones soberanistas

Madrid

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional está llevando a cabo en diferentes puntos de Cataluña una macrooperación contra una trama de subvenciones fraudulentas destinadas a financiar asociaciones soberanistas. Parte de estas ayudas estaban destinadas a la cooperación internacional y el desarrollo y a proyectos culturales, pero durante años se han estado desviando a sufragar asociaciones soberanistas catalanas. Por el momento hay 29 detenidos, uno de ellos es Salvador Esteve, expresidente de la Diputacion de Barcelona.

Las ayudas proceden de la Diputación de Barcelona. La investigación analiza si se han desviado hasta un total de 10 millones de euros; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma al menos 2 millones. La investigación se centra sobre todo en proyectos de agua y recogida de residuos en países subdesarrollados de América Latina, en Marruecos y en Bosnia, que nunca llegaron a realizarse. Según fuentes de a investigación, durante años se fueron desviando para sufragar asociaciones soberanistas. 

La operación está contando con un gran despliegue policial. Más de 500 agentes, entre efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se han desplazado desde Madrid a Cataluña apoyados por equipos de las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional. Además, participan alrededor de 30 secretarios judiciales que van a estar presentes en las decenas den registros que están previstos. Hay previstas una treintena de órdenes de detención contra puestos directivos y técnicos en organizaciones públicas catalanas. El operativo lo coordina el juzgado número 1 de Barcelona. Entre las órdenes de arresto, hay un aforado miembro del Parlament de Cataluña.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. La operación se está desarrollando en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona. Los agentes están realizando registros en sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como en entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas.