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Cataluña

Torra llevará al TSJC el bloqueo a los consellers y no descarta querellarse contra Rajoy

Un informe del Govern asegura que Rajoy tiene la obligación de publicar los nombramientos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, puso un lazo amarillo en el escaño adyacente tras reinciarse el pleno del Parlament. / Toni Albir (EFE)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, puso un lazo amarillo en el escaño adyacente tras reinciarse el pleno del Parlament.

Barcelona

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) medidas cautelarísimas con "carácter inmediato" para proteger los derechos de los consellers designados por él pero cuyo nombramiento está bloqueado por el Gobierno central.

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En un comunicado, la Generalitat ha dicho que el presidente no descarta una querella por presunta prevaricación contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "si mantiene su actitud inaceptable de bloqueo" contra la toma de posesión del nuevo Govern.

Torra ha tomado esta decisión después de recibir el informe que solicitó a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que afirma que el Estado debe permitir la publicación de los nombramientos de los consellers en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) y avala que entre los miembros del Ejecutivo haya consellers "ausentes".

El presidente catalán pidió este informe después de que el Gobierno se haya negado a publicar el Dogc los nombramientos, al rechazar que entre los consellers figuren Jordi Turull y Josep Rull --en la cárcel-- y Toni Comín y Lluís Puig, en Bélgica.

Con el 155 vigente, el control sobre el Dogc lo ejerce el Gobierno central y no la Generalitat, por lo que los nombramientos no se han llegado a publicar y los consellers designados siguen sin tomar posesión.

El informe

La Comissió Jurídica Assessora esgrime que el nombramiento de consellers es potestad del presidente catalán y su decisión "no está sometida a ninguna autorización ni control derivados de la aplicación del artículo 155 de la Constitución".

La Comissió constata que el Dogc está sometido al control del Gobierno central en virtud del 155, pero a un control "meramente formal", por lo que no puede bloquear el nombramiento de los consellers como ha hecho hasta ahora.

Además, esgrime que la publicación del nombramiento es un acto debido y reglado: si no se publica en el Dogc, el Gobierno central "incurre en un incumplimiento del ordenamiento jurídico y, por tanto, susceptible del control judicial".

El informe recuerda que, si el nombramiento de consellers de Torra no está sometido a ninguna autorización por parte del Estado, aún menos debería estarlo la publicación del decreto, "una actuación mucho menos, reglada y debida por parte de la Generalitat".

Derechos políticos

También avala que Turull, Rull, Comín y Puig sean miembros del Govern pese a su situación judicial, esgrimiendo que los cuatro "no tienen limitado el ejercicio de sus derechos políticos y no hay ninguna circunstancia legal que impida la toma de posesión".

La Comissió concluye que "ninguna norma exige que la toma de posesión del Govern tenga que ser simultánea y presencial", y lo único que se exige es que los cuatro expresen de forma fehaciente su voluntad de ejercer el cargo -los cuatro ya lo han hecho--.

Además, indica que todos los consellers designados por Torra pueden tomar posesión "fuera de Catalunya" y por separado, si bien señala que hasta que no lo hayan hecho todos no se podrá dar el Govern por constituido.

Carta a Rajoy

Torra enviará en las próximas horas a Rajoy una carta con el contenido del informe, y para "exigirle que publique inmediatamente el decreto de nombramiento del Govern" en el Dogc.

Inicialmente, Torra fijó la toma de posesión de los nuevos consellers para el miércoles pasado: ante el bloqueo, el acto se suspendió y sigue en el aire cuándo podrá celebrarse.

Si Rajoy no publica los nombramientos en el Dogc, la Comissió Jurídica indica que Torra puede utilizar la vía jurisdiccional contenciosa administrativa y los consellers pueden pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC) por presunta vulneración de sus derechos.

 
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