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Un préstamo impagable; una empresa tapadera y un fraude alimentado por gobiernos del Partido Popular

Las razones del fraude que han llevado a Iñaki Urdangarín a la cárcel

Foto de archivo de Inaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, saliendo del juzgado en Palma de Mallorca. / ()

La historia de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se empezó a torcer el día que decidieron cambiar su residencia, valorada en 400.000 euros, y comprarse un palacete de 5,8 millones. El matrimonio pidió en 2004 un préstamo de cinco millones a pagar en 30 años para adquirir un inmueble de 1.000 metros cuadrados, tres plantas, siete habitaciones y diez baños.

El préstamo obligaba a la pareja a pagar 208.000 euros netos al año, a razón de 52.000 euros cada trimestre. Cuando se hipotecaron, Urdangarin y su esposa ingresaban entre ambos 186.000 euros anuales brutos, según sus declaraciones de IRPF. A partir de ese momento, en el futuro de los Urdangarin/Borbón sólo había números rojos.

Para poder asumir esos compromisos financieros, Urdangarin se embarcó en un negocio privado de apariencia benéfica. Fundó junto a Diego Torres una sociedad sin ánimo de lucro llamada Instituto Nóos y ofreció sus servicios a administraciones públicas gobernadas por el PP.

El negocio con el que Urdangarín intentó hacer frente a la devolución del préstamo era en apariencia sencillo. Un Instituto sin ánimo de lucro que vendía a Gobiernos del PP la organización de eventos para promocionar el turismo relacionado con el deporte. Urdangarín lograba los contactos políticos (el expresidente Jaume Matas en Baleares; el expresidente Francisco Camps en Comunidad Valenciana), conseguía el contrato sin acudir a ningún concurso y cobraba, de media, un millón de euros por acto.

Los gastos de cada evento no superaban nunca los 300.000 euros. El beneficio era del 70% y se lo embolsaba Urdangarín y su socio, Diego Torres, a través de distintas sociedades privadas de su propiedad. En tres años, la sociedad Urdangarín/Torres facturó a la Comunidad Valenciana y a Baleares cerca de seis millones de euros.

Urdangarin incluyó en el consejo de administración del Instituto Nóos a su mujer, la infanta Cristina, y al secretario de esta, Carlos García Revenga. La tarjeta de presentación de su sociedad sin ánimo de lucro no podía ser más institucional.

No fue la única participación de Cristina de Borbón en el entramado fraudulento. Su marido también creó una empresa, llamada Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con la hermana del Rey y a la que derivaba parte de los beneficios que generaba el Instituto Nóos.

El negocio concluyó en 2006 de manera abrupta porque en la Casa Real sonaron algunas alarmas: el marido de la infanta no podía tener negocios relacionados con las administraciones públicas. Urdangarin empezó entonces una nueva etapa como consejero de distintas empresas privadas con las que sumaba ingresos suficientes para seguir pagando el préstamo del palacete. Hasta que una investigación judicial abierta en 2011 por el sobrecoste de un polideportivo destapó los negocios del cuñado del rey en Baleares.

El celo del fiscal Pedro Horrach y la persistencia del juez José Castro acabaron descubriendo una trama empresarial que desviaba fondos públicos a bolsillos privados saltándose todas las normas de contratación. Las pesquisas de Castro y Horrach destaparon otros fraudes. Urdangarín cobraba por sus servicios de consejero en diversas empresas pero facturaba esos trabajos a través de la sociedad Aizoon, que compartía con su mujer. Esa treta le permitió ahorrarse cientos de miles de euros en impuestos pero le acarreó un problema mayor: el delito fiscal.

Con todos esos indicios y antes de que se celebrara el juicio que sentó en el banquillo al matrimonio Urdangarín/Borbón, el Rey despojó a la pareja del Ducado de Palma y les apartó de los actos protocolarios.

La Audiencia Provincial de Palma condenó a Urdangarin a 6 años y tres meses de cárcel y absolvió a su mujer, que tan sólo obtuvo el reproche de partícipe a título lucrativo por aprovecharse de los delitos de su marido. El Supremo rebajó apenas cinco meses la pena a Urdangarin, que deberá ingresar en prisión en las próximas semanas, 14 años después de que firmara un préstamo de 5 millones que no podía pagar por sus ingresos y que abriera un negocio que arruinó su vida.

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