Medio año de negativas para ir al Parlament

Madrid

Hace ahora exactamente siete meses, el juez Pablo Llarena negaba por primera vez a Jordi Sànchez los permisos necesarios para participar en la campaña electoral de cara a los comicios del 21 de diciembre. Desde entonces y hasta el anuncio de acciones judiciales por parte de Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, contra los magistrados del Supremo que hasta en siete ocasiones han negado la salida puntual de la cárcel a los presos del procés para participar en la vida política catalana. 

Ni investiduras, ni tomas de posesión, ni debates, ni plenos ni tampoco comisiones. Los argumentos de los jueces del Tribunal Supremo han ido variando ligeramente a lo largo del último medio año para negar estas salidas esporádicas a Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, pero siempre pivotando sobre el mismo pilar maestro: el riesgo de que una simple salida controlada de prisión desemboque en violencia callejera, y que el uso efectivo de sus cargos políticos desemboque en una nueva Declaración Unilateral de Independencia como la del 27 de octubre. 

La primera llegó el 14 de diciembre del año pasado: preso en Soto del Real desde hace más de un mes, Jordi Sànchez pidió permiso para acudir a actos públicos, conceder entrevistas desde la cárcel y poder conectarse a internet como número dos en la lista de Junts Per Catalunya sólo por detrás de Carles Puigdemont. La respuesta del juez Llarena - confirmada dos meses después por la sala de apelaciones - fue contundente: "Las autorizaciones que ahora se reclaman pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la confrontación institucional que resulte de los comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado".

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Desde entonces y hasta la fecha tanto el instructor Pablo Llarena como los cuatro jueces que han pasado por la sala de apelaciones - Francisco Monterde, Miguel Colmenero, Alberto Jorge y Vicente Magro - han rechazado hasta siete peticiones de los encarcelados para participar de una u otra forma en la vida política catalana, abriendo la puerta a, como mucho, delegar su voto. 

Candidatos fallidos a president

Las negativas más sonadas en este sentido han sido las que han contribuido al fracaso de dos candidaturas a president de la Generalitat: ni Jordi Sànchez ni Jordi Turull pudieron abandonar Soto del Real y Estremera, respectivamente, para acudir a su propio pleno de investidura. El "no" de Llarena a Sànchez llegó el 12 de abril, cuando el argumento mutó de los posibles enfrentamientos callejeros al peligro que entrañaba la propia investidura de un candidato independentista: el juez expresó su temor a que "su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática".

Jordi Turull se encontró con un una negativa similar un mes y diez días después: tanto él como Josep Rull pidieron permiso para poder ir a tomar posesión como consellers del Govern de Quim Torra denunciando que el riesgo de reiteración delictiva se ha "potenciado con el anuncio" de Torra de que "su voluntad es impulsar la república independiente ilegalmente declarada".

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La petición a poder ir al Parlament a participar en plenos, o a poder hacerlo de forma telemática, también se ha encontrado con la negativa del Tribunal Supremo: el doce de enero, el juez vaticinó un "grave enfrentamiento ciudadano que puede impulsarse o brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional", reconociendo que "es evidente que no procede la suspensión de los derechos de representación de un parlamentario preso que no ha sido procesado" pero dejando en manos del Parlament que "puedan acceder a su condición de parlamentarios pese a la situación de prisión provisional en la que se encuentran", es decir, sin salir de la cárcel.

Posible inhabilitación cautelar

El delito de rebelión del que están acusados los cinco diputados encarcelados, además de penas de prisión de hasta 25 años, acarrea condenas idénticas de inhabilitación para ejercer como cargo público. Una hipotética sentencia condenatoria en el Tribunal Supremo, al no haber instancias ordinarias posteriores, podría ejecutarse de forma prácticamente inmediata, pero hasta entonces el juez instructor ya ha deslizado su intención de aplicar el artículo 384 bis e inhabilitarles de forma cautelar después de que su procesamiento sea declarado firme. 

La decisión todavía tiene unos días por delante: un error en la tramitación de los recursos de Jordi Cuixart dejó sin fecha la vista para que la sala de apelaciones delibere sobre el auto de procesamiento de Llarena: hasta entonces la acusación por rebelión contra los cinco diputados presos sigue sin ser firme.