Hungría aprueba una ley que castiga con un año de cárcel la ayuda a inmigrantes irregulares
El Parlamento de Hungría aprobó hoy una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo
Imagen de archivo de acogida de migrantes / CÁRITAS - Archivo (EUROPA PRESS)
Budapest
El Parlamento de Hungría aprobó este miércoles una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.
La mayoría del partido gobernante, el Fidesz, dirigido por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán, apoyó la normativa pese a las críticas y las solicitudes, por parte organizaciones humanitarias húngaras y extranjeras, de que retirase el proyecto de ley. La polémica ley que afecta a varias ONG del país fue aprobada en la jornada que se celebra el Día Internacional de los Refugiados, que la ONU conmemora desde 2001.
Junto a esta ley, el Parlamento también aprobó una enmienda constitucional contra el sistema europeo de reubicación de refugiados entre los países de la Unión Europea (UE).
Para aprobar ambos proyectos de ley se requería la mayoría absoluta de dos tercios con la que cuenta el Fidesz, pero la extrema derecha del Jobbik también respaldó las medidas, mientras que la oposición izquierdista y ecologista se opuso o no participó en la votación. La polémica ley que penaliza la ayuda a los inmigrantes irregulares ha sido criticada severamente por diferentes organizaciones húngaras e internacionales.
La Comisión de Venecia pidió el lunes que se pospusiera la aprobación de la ley hasta que pudiera redactar sus observaciones, pero la mayoría gubernamental rechazó la solicitud de este órgano consultivo del Consejo de Europa. Las enmiendas constitucionales aprobadas hoy prohíben el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría -a excepción de los europeos-, y también declara que la composición de la población del país no puede ser modificado "mediante una voluntad externa".
Otras reformas constitucionales también aprobadas en el paquete declaran que el Estado debe defender los valores y cultura cristianos del país y crea una nuevo sistema judicial que hasta ahora no existía en Hungría, el de los tribunales administrativos.
El director para Europa de la ONG Amnistía Internacional, Gauri van Gulik, criticó la medida como un paso más en "los intentos de estigmatizar, intimidar y atemorizar a las organizaciones de la sociedad civil húngara". "Criminalizar el trabajo esencial y legítimo sobre derechos humanos es un ataque descarado contra las personas que buscan refugio seguro contra la persecución", afirmó.
