Tribunales

El juez da dos días al govern destituido para pagar una fianza de 2,1 millones

El magistrado Pablo Llarena da un plazo de dos días a Carles Puigdemont y sus exconsellers para abonar los 2,1 millones que supuestamente gastaron en el procés como fianza de responsabilidad civil: si no pagan, serán embargados

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont / TV3 - Archivo EUROPA PRESS

Madrid

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dado dos días al govern destituido de Carles Puigdemont para que consignen una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros entre todos: si no lo hacen, la Justicia embargará sus bienes. El magistrado que instruye la causa contra el procés indendentista explica en su providencia que toma esta decisión después de que la sala de apelaciones haya declarado firme el procesamiento de todos por delitos de rebelión y desobediencia y también de malversación de caudales públicos.

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Se trata de la cantidad de dinero público que, según los investigadores, el ejecutivo destituido de Carles Puigdemont habría comprometido en la organización del procés y del referéndum ilegal del 1 de octubre que podría serles exigida en una hipotética sentencia condenatoria.

Los acusados tienen dos días a partir de hoy para consignar esa cantidad de manera conjunta, y si no lo hacen la Justicia procederá a embargar sus bienes. Esto afecta al expresident Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsejeros procesados Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila y Meritxell Serret. Algunos se encuentran en libertad, otros en prisión provisional y otros fugados en distintos países europeos.

Rull, Forn, Romeva, Turull y Borras llegan a la Audiencia Nacional para declarar / Europa Press - Archivo

La petición del magistrado instructor implica que da por buena y definitiva la cifra que puso encima de la mesa la Guardia Civil en su último informe sobre la malversación de fondos públicos en el procés independentista: un total de 2.135.948,6 euros.

 
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