La juez procesa a la alcaldesa de San Fernando de Henares

Catalina Rodríguez de San Fernando Si Se Puede dejó en manos de un “amigo personal” documentación de la Plaza de San Fernando de Henares cuya venta a un fondo buitre fue paralizada por la Justicia

Plaza España de San Fernando de Henares /

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Coslada propone sentar en el banquillo a la alcaldesa de San Fernando de Henares, Catalina Rodríguez, por haber puesto en manos de un "amigo personal" la documentación de sobre la remodelacion de la plaza del municipio que no acabó en manos a un fondo buitre porque paralizó la Justicia. La juez atribuye a la dirigente de la marca de Podemos en San Fernando de Henares los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y descubrimiento y revelación de secretos. Junto a ella se sentarán en el banquillo su asesor jurídico, Jaime Morales, y el "amigo personal" de la alcaldesa, Joaquín Gómez.

Dice el auto que Rodríguez "autorizó a un amigo personal, persona ajena al consistorio, el acceso al archivo de la alcaldía para la organización de toda la documentación referida a procesos judiciales". La remodelación de la Plaza de España de San Fernando era entonces objeto, y sigue siéndolo, de distintos procesos penales y mercantiles. Y todo ello se hizo, concluye la juez, "sin el debido tratamiento en cuanto a la protección de datos de carácter personal". El juzgado da ahora diez días de plazo a las partes para que presenten sus escritos de acusación y defensa. La acusación la sostienen la fiscalía y las acusaciones populares de PSOE, IU y CCOO.

Gestión ruinosa

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares proyectó la remodelación de la Plaza de España del municipio y las viviendas aledañas en 2008 con Izquierda Unida al frente del consistorio. Para ello se creó una sociedad semipública -Plaza de España- con un 51% de capital de los vecinos y un 49% del ayuntamiento. La gestión de los responsables municipales fue ruinosa, la empresa entró en concurso de acreedores y los vecinos se quedaron sin sus casas. Finalmente, un juez de lo mercantil autorizó la venta de la Plaza, viviendas, garajes, trasteros y un aparcamiento público a un fondo buitre pero un juzgado de lo penal paralizó la venta.

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