VIOLENCIA MACHISTAUn hombre mata a sus dos hijas y se suicida en Castellón

Paralizado el desahucio de una viuda y sus dos hijas en el barrio de Lavapiés

La comisión judicial retrasa el desalojo al 31 de julio ante la presión vecinal y mediática

Pepi Santiago, viuda de 65 años, y sus dos hijas, vivirán en uno de los pisos de la calle Argumosa, 11 (Lavapiés) al menos hasta el próximo 31 de julio. Resisten a la orden de desahucio prevista para este jueves tras la decisión de la comisión judicial de postergar el desalojo ante la presión vecinal, de las plataformas antidesahucios y mediática.

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"Tenemos un informe de los servicios sociales en el que se afirma que Pepi y su familia no tienen alternativa habitacional", según ha explicado el portavoz del Sindicato de Inquilinos Javier Gil. "Lo que se pide es tiempo. Necesitamos más tiempo para encontrar esa alternativa habitacional", ha señalado.

Gil ha contado además que "el Ayuntamiento está intentado mediar", pero "hasta el momento ha sido completamente insuficiente". El Sindicato envió este miércoles al Consistorio madrileño una lista con diez pisos "propiedad del Ayuntamiento, en Lavapiés y que tienen tapiados". Y se pregunta: "¿Por qué hay vivienda vacía en la que no se realoja a estas personas?".

Pepi, visiblemente afectada, ha criticado que "nos echan de nuestro barrio, nos vamos todos", recordando otros casos como el suyo que soporta Lavapiés. "Te ves en una casa en la que has vivido 20 años, que la he arreglado yo y que me voy a la calle", ha lamentado.

La nueva propietaria del edificio, Inversión en Proindivisos S.L., pretende reformar el inmueble y alquilar los pisos a precio de mercado. La mayoría de vecinos paga ahora una mensualidad de unos 300 euros al mes y la empresa como mínimo triplicaría esa cifra, de acuerdo a los inquilinos. La empresa habla de alquilar las viviendas a "precios de mercado".

Hasta que se ha paralizado el desahucio, previsto para las 10:30 horas de hoy, al edificio han entrado efectivos del Samur y dos polícias de paisano que, según el Sindicato de Inquilinos, no querían identificarse en un principio. Al pretender entrar a la vivienda antes que la comisión judicial, finalmente han accedido a marcharse y han reconocido que carecían del dispositivo necesario para realizar un desahucio con la cantidad de vecinos, plataformas y medios allí congregados.

Este mes de julio estaba previsto el desalojo de cuatro familias de este bloque de viviendas. Hasta ahora, se ha aplazado el desahucio de dos de ellas y se esperan otros dos antes de que acabe el mes.

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