Anticorrupción pide la reapertura del caso Gürtel contra Camps
La Fiscalía quiere evitar que el expresidente valenciano se libre del alcance de la ley, después de la sentencia del juicio por la financiación del PP valenciano a cuenta de la Gürtel, que le situó como el “inductor” y principal responsable de la trama empresarial de pagos en negro al PP a cambio de obra pública
Aunque fue señalado por los responsables, Camps no fue encausado por prescripción de los delitos investigados en ese procedimiento, pero Anticorrupción considera que a raíz de la sentencia ahora puede ser investigado por nuevos delitos de prevaricación y malversación
Francisco Camps, en una fotografía de archivo / EFE
Madrid
La Fiscalía Anticorrupción solicitará en las próximas horas al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la reapertura del caso Gürtel para proceder contra el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps y otros posibles implicados, por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
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Anticorrupción reclama de este modo que al expresidente valenciano le alcance el peso de la ley, del que pareció escapar en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano a cuenta de la Gürtel por prescripción de los delitos electorales y de falsedad documental, investigados en ese procedimiento. La malversación atribuida ahora indiciariamente a Camps, prescribe a los 15 años y los hechos tuvieron lugar en 2007, con lo que la Fiscalía sortea la prescripción. La prevaricación tiene un plazo de prescripción inferior, pero como pende de la malversación, delito más grave, también puede ser encausado.
Las declaraciones de Costa y la trama, claves contra Camps
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La Fiscalía basa su petición de reapertura de la investigación en las declaraciones de los principales acusados en el juicio. Tanto Francisco Correa, como Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes", así como el exsecretario general del PP, Ricardo Costa, situaron a Francisco Camps como el principal responsable de la trama de financiación ilegal del Partido Popular valenciano. Todos ellos afirmaron que fue Camps quien quiso contratar a la trama para organizar los actos electorales y quien ordenó que les pagaran en negro.
El dinero opaco, según la sentencia, procedía de empresarios buscados por el propio Camps o el expresidente del parlamento autonómico, Juan Cotino. A cambio, estas empresas obtenían obra pública del Gobierno valenciano. De ahí la malversación de caudales públicos. Los empresarios también pagaban directamente a la trama los actos que organizaba para el PP, mediante facturación falsa por servicios no prestados.
La sentencia, parafraseando a Álvaro Pérez "El Bigotes", concluía que entre los condenados no estaban "todos los que son", en referencia sobre todo a Francisco Camps, a quien situó entre los hechos probados como posible "inductor" de la trama.
El procedimiento para encausar a Camps
La fórmula escogida por Anticorrupción para pedir a la Audiencia Nacional la investigación de los hechos es la reapertura de la conocida como pieza 5 del caso Gürtel, relativa a las contrataciones del Gobierno valenciano durante la época de Francisco Camps, entre los años 2004 y 2009, y que está pendiente de juicio. En esa causa, entre otros, ya figuran como acusados los exconsejeros Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, con solicitudes de condena de entre siete y nueve años de prisión.
El texto de Anticorrupción, aséptico, simplemente apunta que las "nuevas revelaciones" puestas de manifiesto en el juicio por los acusados y la sentencia, ponen de relieve datos que afectan a la acusación y aconsejan la reapertura. El fin último, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, es encausar a Francisco Camps, sin descartar a otros señalados por los acusados como el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, o Juan Cotino.
El titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenará con toda probabilidad la reapertura del procedimiento y la Fiscalía pedirá entonces las diligencias de investigación oportunas para proceder contra los supuestos responsables que escaparon del juicio por la financiación ilegal.
