El gobierno de Ortega, un mandato de izquierdas que se planteó en el momento de su llegada al gobierno como la solución a los precedentes de la familia Somoza, ha terminado provocando la mayor crisis política de la historia de Nicaragua, donde la población civil no ha dudado en mostrar su disconformidad ante el régimen existente. El conflicto se inició el pasado 18 de abril cuando tuvieron lugar las primeras manifestaciones contra la reforma del Seguro Social, que aumentaba las cuotas de empresas, trabajadores e incrementaba los impuestos en las pensiones de los jubilados. El que fuera el principal motivo, ha convertido a Nicaragua en un estado conflictivo que está viviendo la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980 y ha dejado al país completamente dividido. Por un lado, universitarios, empresarios, trabajadores y campesinos que buscan un cambio de mandato, mientras que en el otro bando se encuentran los partidarios del actual Gobierno: activistas del partido sandinista, seguidores de Ortega y sobre todo las fuerzas de seguridad, cuyo principal objetivo actual es el control. Hasta el momento, esta situación ha dejado más de 350 muertos, 260 desaparecidos y 2.000 heridos. Unas cifras que, como ha afirmado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, conllevan “una amplia gama de violaciones cometidas, lo que incluye asesinatos extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias”. Ortega ha dejado claro su estrategia, acabar con cualquier atisbo de resistencia antes del jueves, cuando se cumplirán 39 años del triunfo de la revolución sandinista, que puso fin al gobierno de los Somoza. La Ciudad de Mayasa, controlada ahora por Ortega, ha sido el último foco de los ataques realizados para poner fin a las protestas cívicas de la población. Según han asegurado medios nicaragüenses, cerca de 2000 integrantes de la policía, el ejército y diferentes cuerpos de seguridad del Gobierno de Ortega se desplegaron este martes, una vez más, y ejecutaron un bombardeo de más de siete horas para atacar a la población e intentar restablecer de nuevo el orden. En un primer momento, se propuso la intervención de la Iglesia y se creó una Alianza Cívica por la Justicia y la democracia, que no obtuvo resultados. Sin embargo, como ha asegurado parte de la población perteneciente a las núcleos armados, no habrá solución para esta crisis, que ya ha alcanzado los 800 millones de dólares en daños económicos, mientras que el presidente Daniel Ortega, y su esposa la vicepresidenta, Rosa Murillo, sigan aferrándose al poder y animando a los grupos paramilitares para que atemoricen y utilicen la violencia contra la población, que por el momento no dará su brazo a torcer. Ante estos hechos, los organismos nacionales ya buscan una solución. EEUU, la UE y la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, han pedido el fin inmediato a estos ataques.