El Estado indemnizará a la mujer cuya expareja mató a su hija en una visita no vigilada
El Tribunal Supremo condena al Estado a reparar a esta madre con 600.000 euros por daños morales. Ángela González Carreño había puesto casi 50 denuncias contra su agresor y finalmente asesinó de su hija
Esta mujer ya consiguió que la ONU condenase al Estado español por desprotección.
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/6XAHVRU3JFPBHHAYZXRPR5IUFI.jpg)
Ángela González Carreño: "Espero y deseo que esta sentencia sirva para que la justicia no entregue nunca más a un menor a un padre que lo está maltratando"
01:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/001RD010000005125463/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Madrid
El fallo es muy relevante porque repara a esta madre que nunca obtuvo justicia en los tribunales españoles.. El Supremo condena al Estado por daños morales a Ángela González Carreño cuya hija Andrea, de tan solo siete años, fue asesinada por su expareja maltratador y padre de la pequeña durante un régimen de visitas sin supervisión pese a que la madre la había pedido insistentemente y había alertado del riesgo que corría.
Más información
El Estado tendrá que pagarle una indemnización de 600.000 euros. El tribunal obliga al Estado a cumplir esa condena de la ONU de 2014 que estableció que debía repararla e indemnizarla por haberla desprotegido a ella y a su hija. Nunca hubo esa reparación y por ello concluye el Supremo " la Administración vulneró derechos fundamentales de esta mujer por no asumir la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial".
Es importante también destacar que los magistrados no dudan del carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones de la CEDAW, el organismo de la ONU que condenó por este caso a España y que incumplieron e ignoraron tanto el gobierno de Rajoy, concretamente el ministerio de Justicia, como la Audiencia Nacional. El tribunal señala que las resoluciones de la CEDAW, el Comité contra la discriminación contra la mujer d ela ONU, pueden ser aplicables por la vía de la reclamación por anormal funcionamiento de la justicia, como ha ocurrido en el caso de Ángela y su hija.
