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Condenado un canciller español en China por saquear 300.000 euros del consulado

La Audiencia Nacional ha condenado a cinco años de prisión y doce de inhabilitación a Carlos Lozoya, excanciller-cajero del Consulado de España en Cantón, por quedarse hasta casi 300.000 euros de una caja pagadora dependiente de Exteriores

La Audiencia Nacional ha impuesto cinco años de cárcel a Carlos Lozoya, excanciller en el consulado español en la localidad china de Cantón, por quedarse de forma ilegal con casi 300.000 euros de la caja pagadora dependiente del Ministerio de Exteriores. Lozoya, que también es condenado a devolver el dinero al departamento, es inhabilitado durante doce años para poder trabajar en el sector público recién nombrado director de la Oficina de Prestaciones de la localidad murciana de Águilas. 

Según explica la sentencia todavía no firme de la sección tercera, Lozoya ejercía desde 2010 como canciller-cajero en el Consulado General de España en Cantón, encargado también de llevar la contabilidad usando una aplicación informática: entre 2012 y 2013, según los magistrados, se dedicó a falsear las cantidades que entraban y salían del banco, dando "extractos inauténticos a fin de cuadrar aparentemente los saldos" ante Exteriores. 

Fueron los inspectores de la División de Control de la Gestión del Ministerio los que se dieron cuenta en diciembre de 2013, desplazándose al Consulado en China cuando el acusado estaba de vacaciones: según el Tribunal de Cuentas, para entonces había dejado un agujero de 295.319,30 euros. El Banco de China "certificó que existían discrepancias entre los datos de su contabilidad" y las fotocopias que tenían en el Consulado, con once extractos manipulados por Lozoya.

Su modus operandi, según la sentencia, era "adjuntar las espurias copias bancarias a los asientos contables que ocultaban los descubiertos ya efectuados, apareciendo ingresos superiores en banco a los reales".

Oficina en Águilas

La sentencia, que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, le impone cinco años de prisión al considerarle culpable de un delito de malversación de caudales públicos y le obliga también a cumplir doce años de inhabilitación absoluta para cargo o empleo público y a devolver los 295.391,3 euros que se quedó. 

Según el Boletín Oficial del Estado, el pasado 20 de diciembre el subsecretario de Empleo acordó adjudicarle el puesto de director de la Oficina de Prestaciones de la localidad murciana de Águilas.

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