Agosto sin tregua para el Gobierno de Sánchez

PP y Ciudadanos han solicitado la comparecencia en el Congreso de hasta cinco ministros y de varios dirigentes de empresas públicas nombrados por el Ejecutivo

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su comparecencia en el Palacio de La Moncloa en la que ha hecho un balance de su gestión cuando se cumplen dos meses de su Gobierno. / ()

PP y Ciudadanos no dan vacaciones al Gobierno. En pleno mes de agosto han redoblado las presiones y han solicitado la comparecencia de hasta cinco ministros del Ejecutivo de Sánchez y de presidentes de empresas de titularidad pública designados desde su llegada a la Moncloa.

En las últimas semanas el discurso político se ha endurecido entre Gobierno y oposición. Y todo esto en medio de dos tremendas crisis que han puesto el foco en la gestión de Sánchez: la crisis migratoria -con los saltos masivos a la valla en Ceuta- y la huelga de taxis que dejó paralizadas las arterias principales de las grandes ciudades españolas. Por estos dos motivos, los principales partidos de la oposición han solicitado la comparecencia de la titular de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Ciudadanos ha pedido que comparezca la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para dar cuenta de las causas y consecuencias de la multa que el Tribunal de Justicia Europeo ha impuesto a España por la deficiente depuración de las aguas residuales. Los del partido naranja aseguraban que “las explicaciones se deben dar en el Congreso”.

Desde la formación de Rivera han criticado duramente la política de nombramientos del nuevo gobierno de Sánchez, acusándolo de usar “política de “dedazos”. Para dar cuenta de estos nombramientos han solicitado la comparecencia de María Jesús Montero y de Ábalos, con el objetivo de convocar sesiones extraordinarias de las comisiones de Hacienda y Fomento.

Además, han pedido la intervención en comisión ordinaria del presidente de SEPI –Sociedad Estatal de Participaciones Industriales–, el presidente de Correos, el director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y el presidente de Paradores, entre otros dirigentes de empresas de titularidad pública nombrados por el nuevo ejecutivo.

Por su parte el Partido Popular ha solicitado explicaciones formales al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco.

Un agosto que se espera intenso en la cámara baja, aunque la última palabra la tiene la presidenta Ana Pastor. Es ella quien debe convocar a la Diputación Permanente -que se encarga de velar por la función parlamentaria fuera de los periodos ordinarios de actividad-, para fijar la convocatoria de las comisiones en las que los ministros deben comparecer.

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