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La CNMC recurre las normas que regulan las viviendas turísticas en Madrid, Bilbao y San Sebastián

Los Tribunales Superiores de Madrid y País Vasco deberán determinar si estas normas perjudican los usuarios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido las normativas urbanísticas sobre viviendas turísticas aprobadas recientemente por los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián, al entender que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores.

Los recursos se han presentado ante los Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas comunidades autónomas, Madrid y País Vasco, han explicado fuentes del organismo regulador.

En el caso de Madrid, la norma del ayuntamiento exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas. Además, establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos.

La normativa de Bilbao solo permite utilizar como viviendas turísticas los inmuebles situados en plantas bajas o primeras, salvo que tengan acceso independiente a la calle. Mientras que en San Sebastián, también se limitan las viviendas turísticas a plantas bajas o primeras, excepto si tienen acceso independiente. Además, la norma prohíbe nuevas viviendas turísticas en zonas del centro de la ciudad.

Para la CNMC las medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los ya instalados. A juicio del organismo regulador, este hecho elevará los precios y reducirá la calidad, la inversión y la innovación.

Hay que recordar que la CNMC puede impugnar ante los tribunales las disposiciones generales con rango inferior a ley que, a su juicio, presenten obstáculos para la existencia de una competencia efectiva.

A finales de 2015 la Comisión ya recurrió las limitaciones del gobierno canario a las viviendas vacacionales. El Tribunal Superior autonómico anuló la prohibición de esas viviendas en las zonas turísticas, permitió el alquiler por habitaciones separadas y suprimió la obligación de inscripción previa en un registro.

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