La ley del aborto, al Senado argentino

Madrid

El senado argentino cuenta con 72 senadores y 37 ya han dicho que van a votar en contra de que se despenalice el aborto en aquel país. 31 lo harán a favor y hay dos senadores indecisos, además de una abstención y una senadora que no acudirá a la votación.

La ley se había debatido en el congreso y se había aprobado el aborto legal hasta las 14 semanas de gestación y bajo una enorme presión popular. Ahora en el trámite del senado sino se aprueba, tendrá que volver a la cámara baja para su revisión. Uno de los escenarios posibles es que el Senado apruebe una ley que permita el aborto, pero que le introduzca varias modificaciones a lo que les entregó el congreso. El derecho a la objeción de conciencia institucional sería una de ellas. Otra sería la reducción del plazo legal para interrumpir el embarazo, que se limitaría a 12 semanas , en vez de las 14 que establece lo aprobado en la cámara baja. También se eliminaría las penas para los médicos que se rehúsan a practicar abortos y se habilitaría la producción pública de misoprostol, un medicamento utilizado para interrumpir embarazos.

En la calle, la sociedad argentina totalmente polarizada y en el senado, un debate que se espera maratoniano y que puede acabar con sorpresa de última hora, como ocurrió en el del Congreso.

La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal desde el primer código penal aprobado en aquel país en 1886, sin excepciones. 40 años después, se permitió el aborto en dos casos solamente; cuanto esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo sea consecuencia de un abuso a una mujer con discapacidad.

Esta pequeña excepción, convirtió a Argentina en el primer país de latinoamerica en legalizar el aborto en ciertas condiciones, pero tuvieron que esperar casi cien años para incluir una excepcionalidad mas, el embarazo causado por una violación. Y no se hizo debatiendo en el Congreso, sino que fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia del país quien dictaminó que una mujer embarazada como resultado de un abuso sexual, podía acceder a un aborto, sin importar su capacidad intelectual, sin autorización previa y sin necesidad de denunciar la violación. La mujer, solo necesita hacer una declaración jurada manifestando que el embarazo es producto de un delito, liberando a que se sancionaran protocolos hospitalarios que permitieran a las mujeres abortos no punibles. Como ocurrió en España, en Argentina también muchos médicos alegaban razones de conciencia para no practicar los abortos permitidos.

La aprobación previa del Congreso argentino, estipulaba que toda mujer tiene derecho a optar por la interrupción de su embarazo durante las 14 primeras semanas de gestación, y una vez transcurrido este periodo solo podrá hacerlo cuando el embarazo será resultado de una violación, riesgo para la vida de la madre o mala salud del feto.

Cualquier hospital o clínica pude realizar los abortos que podrán hacerse en lugares públicos o privados  cargando la mujer, con los gastos que esto produzca, incluidos medicamentos y terapias de apoyo. (este aspecto es uno de los más polémicos de la ley, ya que al considerarlo un problema de salud pública debería ser gratuito) porque en Argentina hay 66.000 hospitalizaciones de mujeres cada año debido a abortos mal hechos.

En el lado contrarios, los grupos que se oponen considerando que no es un problema de salud pública, ya que la cifra de muertos por abortos más realizado, es de unas 40 mujeres al año, una cifra mucho más reducida que otros problemas de salud femenino que tampoco cubre el estado.

Hay argentinos a favor del derecho de la mujer a elegir, pero no creen que deba cargarse ese costo al erario público, porque la cifra se dispara con medio millón de interrupciones de embarazo al año en Argentina.

Otro de los temas más controvertidos del proyecto de ley de aborto es el de la objeción de conciencia porque aunque permite a los sanitarios eximirse de practicar abortos por objeción de conciencia manifestada previamente, pero no permite que se inhiba si la mujer gestante requiere atención médica inmediata, o que el hospital rechace realizar la práctica incluso siendo confesional.