Las ONG lamentan que no se acoja a ocupantes del Open Arms como a los de Aquarius

La Red Española de Inmigración ha lamentado que al grupo de 87 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG Proactiva Open Arms y que llegan mañana a un puerto de Cádiz no se les dé "los mismos permisos de acogida" que a los integrantes del Aquarius que desembarcaron en Valencia.

Según han explicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, "no va a haber ningún estatus especial" en la acogida de estas personas que desembarcarán mañana en el puerto de Crinavis, en San Roque, y van a ser tratados "como cualquier otro inmigrante que llega a nuestras costas".

Algunas ONG, como la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en Algeciras, han explicado a Efe que como la mayoría de los migrantes proceden de Sudán tienen muchas probabilidades de que se admita a trámite su solicitud de asilo y protección internacional.

Durante el tiempo que se tramita su expediente, un mínimo de seis meses, no podrán ser expulsados y serán derivados a unos recursos concretos en Sevilla, Madrid o Barcelona, ha señalado Andrés de la Peña, de APDH.

En un comunicado, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado expresa su preocupación "por el cambio de rumbo que ha manifestado el Gobierno y que parece plegarse a la voluntad del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska".

Además, lamenta que al no haber designado como puerto seguro Barcelona, "donde la ciudad se ha ofrecido a apoyar y acoger a las personas que puedan desembarcar, no se podrá garantizar a los rescatados en el Mediterráneo ningún espacio de acogida suficiente", así como medios y efectivos que se desplegaron en la acogida del Aquarius.

"Este cambio de postura ha coincidido con las declaraciones y manifestaciones del comisario europeo Dimitris Avramopoulos, que, aunque formalmente alabó la actitud española, señaló que esto debía acabar", indica la Red de Inmigración, que critica que Interior se haya "plegado" a la postura de la UE.

La Red pedirá a los grupos parlamentarios que, a través de una proposición no de ley, inste al Gobierno a elaborar, en colaboración con las organizaciones sociales, sociedad civil y organizaciones implicadas en la acogida "un protocolo de trabajo conjunto propio del país que amplíe el mandato europeo"