IU lleva al Congreso el despido récord de más de 54.000 profesores en verano

Madrid

La SER ha tenido acceso a una batería de preguntas parlamentarias que Izquierda Unida ha registrado en el Congreso denunciado una práctica que el Supremo ha declarado ilegal en una reciente sentencia y que sin embargo varias comunidades han obviado durante este verano, enviando a casa sin sueldo ni cotización a miles de profesionales docentes que han trabajado el curso pasado y que previsiblemente lo volverán a hacer en septiembre.

Izquierda Unida se apoya en la cifra de bajas en la Seguridad Social en el sector de Educación en el mes de junio. 54.231 trabajadores de la enseñanza fueron enviados al paro al término del curso académico, la cifra más alta de la última década desde que comenzó la crisis y las comunidades comenzaron a recortar en Educación, según los datos recopilados por los sindicatos educativos. Se trata de una práctica a la que recurren las autonomías para ahorrarse los sueldos y cotizaciones sociales del personal temporal, en su mayoría interino, durante los meses de julio y agosto, a pesar de que esos mismos profesionales vuelven a ser contratados en septiembre para el inicio del curso.

La coalición denuncia que estos despidos estivales se han producido además después que una sentencia del Supremo del pasado 13 de junio los haya declarado ilegales por vulnerar el principio de no discriminación con respecto a los funcionarios de carrera que sí cobran las retribuciones correspondientes durante los meses de verano. En la iniciativa, firmada por el diputado Miguel Ángel Bustamante, Izquierda Unida pregunta al Gobierno qué medidas piensa poner en marcha para que se cumpla la ley y desterrar una práctica que ha dejado sin sueldo ni meses de cotización a decenas de miles de profesionales de la enseñanza en todo el país.

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras cifran en 119.000 el número de interinos docentes en la educación obligatoria no universitaria, lo que supone una tasa de interinidad del 28%. El sindicato mantiene en marcha una campaña instando a los interinos a denunciar estos despidos fraudulentos y reclamar en los tribunales el daño económico y también administrativo. Y es que ese parón forzoso no sólo supone un importante impacto económico -ya que en muchos casos han agotado los meses para acogerse al paro- sino que además limita los meses de experiencia acreditada para el cómputo de puntos de cara a las oposiciones así como el periodo de cotización de cara a la pensión de jubilación.