Moncloa defiende que ha actuado "con total diligencia" y siguiendo las indicaciones del Poder Judicial
El ejecutivo emite un comunicado este domingo defendiendo la actuación de Justicia en la demanda interpuesta en Bélgica contra el juez Llarena y evita especificar si la defensa se limitará a la Justicia española o a lo que denominó "asuntos privados"
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El juez Llarena en una imagen de archivo / EP EP
Madrid
Después de dos días de duras críticas tanto desde la esfera política como también desde el mundo judicial, Moncloa ha decidido emitir un comunicado para matizar el anuncio del Ministerio de Justicia sobre el papel de España en el pleito abierto en Bélgica contra el juez Pablo Llarena. El ejecutivo central defiende que "ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia" en este asunto y siguiendo las directrices del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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La principal diferencia entre este nuevo comunicado del ejecutivo central y el emitido por Justicia hace dos días radica en la ausencia de referencias a los "actos privados" del juez Llarena que le reprochan los independentistas: el departamento que dirige Dolores Delgado afirmó que se personaría en defensa de la "soberanía e inmunidad jurisdiccional" del Supremo para investigar el proceso soberanista, pero no para responder por las palabras de Llarena: eso "supondría defender a un particular por afirmaciones privadas", dijo Justicia.
Esa referencia a la limitación de la defensa de Llarena desaparece en el nuevo comunicado de Moncloa, que anuncia que "espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España", recordando que ha puesto en marcha el proceso después de una petición del CGPJ tras solicitar amparo el magistrado instructor de la macrocausa contra el procés.
LAS PALABRAS DE LLARENA
"Bueno, yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos - si es que eso ha sido así - pues tienen que ser investigados". "La voluntad de la instrucción ha sido y sigue siendo llevar la indagación con absoluta celeridad, es una cuestión de la que está pendiente toda España, la población de Catalunya, y en ese sentido cuanto antes se esclarezca creo que va a ser mucho mejor para todos. En todo caso tiene que ser en un respeto absoluto de las pretensiones de las partes y los derechos de aquellas personas que están sometidas al proceso".
Esa puntualización de dónde no entraría el ejecutivo central en caso de personarse en el proceso causó un profundo malestar no sólo en el Tribunal Supremo, donde interpretaron el movimiento como un abandono del magistrado, sino también entre la mayoría de asociaciones judiciales. El PP y Ciudadanos, además, acusan al ejecutivo de Sánchez de dejar "desamparado" a Llarena ante la demanda de Puigdemont y la formación naranja ha anunciado que pedirá la comparecencia de la ministra Dolores Delgado en el Congreso para dar explicaciones.
