Valerio anulará el sindicato de trabajadoras sexuales: "Me han colado un gol por la escuadra"
La ministra de Trabajo admite que no sabía que este expediente estaba en tramitación y ya trabaja "para declarar esta resolución nula de pleno derecho"
La ministra Valerio, sobre el sindicato de trabajadoras sexuales: "Me han colado un gol por la escuadra"
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Madrid
La ministra de Trabajo ha asegurado que le han "colado un gol por la escuadra" con el visto bueno que el Ministerio de Trabajo ha dado a la constitución de un sindicato en el que tienen cabida todas las trabajadoras sexuales. Su departamento ha autorizado, sin que ella lo supiera, este sindicato para trabajadoras sexuales y el Gobierno ya estudia la manera de revocar su propia decisión: "Ha sido una sorpresa esta publicación. Yo no sabía que este expediente estaba en tramitación", ha dicho Magdalena Valerio en los pasillos del Congreso. "Yo como ministra y como miembro de un gobierno feminista jamás habría dado el ok a que esto se publicase en el BOE".
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Valerio ha explicado que ha puesto el caso en conocimiento de la Abogacía del Estado "para declarar esta resolución nula de pleno derecho".
El sindicato denominado "Organización de Trabajadoras Sexuales" y con la siglas OTRAS ha sido aprobado por la Dirección General de Trabajo, que publicó su resolución el pasado 4 de agosto en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
Visiblemente molesta, la responsable de Trabajo ha afirmado que "este Gobierno no va a avalar un sindicato de una actividad que es ilegal y vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de los hombres que se ven abocados a tener que ceder sus cuerpos a un tercero para que abuse de ellos".
La ministra ha explicado a los periodistas que cuando se enteró "el disgusto" que se pilló fue "de los más gordos" de su vida política. "Me han colado un gol por la escuadra y eso es muy duro para mí, que intento hacer las cosas lo mejor que puedo", ha dicho.
¿Quién hay detrás del sindicato?
Entre los impulsores del sindicato de trabajadoras sexuales está el tesorero de una asociación que organiza talleres de sexo para prostitutas "novatas" en Barcelona. En el BOE aparece la información de que esa asociación, Aprosex, donde, previo pago, según Servimedia, se forma a mujeres que se quieren instruir en el mundo de la prostitución mediante cursos que rondan los 60 euros. Con ellos les enseñan a realizar felaciones, atender llamadas o tratar a sus clientes.
Sorpresa entre las feministas
Antes del anuncio de la ministra, desde colectivos feministas como la Fundación Mujeres mostraran su "sorpresa" por la resolución aprobada por Trabajo. Marisa Soleto destacaba que la entidad implicaba que el Gobierno "está haciendo, aunque sea por vía indirecta, un reconocimiento sobre que existe el trabajo sexual.
La presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, ha pedido al Gobierno central "que haga lo que tenga que hacer" para evitar la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales, ya que entiende que es "una manera descarada" de encubrir la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres.
La reacción de Pedro Sánchez
El presidente, que está de viaje en Latinoamérica, se ha pronunciado a través de Twitter y ha anunciado que el Ministerio de Trabajo ya ha iniciado el trámite para impugnar a la “Organización de Trabajadoras Sexuales”. Es la Abogacía General del Estado la que está estudiando la fórmula de impugnación.
Pedro Sánchez también ha dicho que la prostitución no es legal en España y que "este gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja una actividad ilícita".
La prostitución no está regulada
Lo cierto es que en España la prostitución no está regulada, por lo que no es legal pero tampoco ilegal. Su ejercicio es libre y no está penalizado aunque los ayuntamientos pueden prohibir la prostitución callejera, lo que ha hecho por ejemplo el de Barcelona.
La secretaria general del nuevo sindicato, Concha Borrell, en declaraciones a EFE, ha dicho que el Gobierno defiende a la patronal de los burdeles en lugar de a las trabajadoras. Y no se lo pondrán fácil.
Borrell ha añadido que si el Gobierno quiere ilegalizar a un sindicato que cumple con todos los trámites legales tendrá que recurrir a la vía judicial. La clave puede estar en la legalidad o ilegalidad de la actividad de los trabajadores del sindicato.