La defensa de Llarena pide aplazar la vista para obtener la nulidad del proceso

Bruselas

Hakim Boularbah es hijo de un inmigrante marroquí que ha llegado a situarse entre los más prestigiosos expertos en derecho internacional y conflictos civiles de los Colegios de Abogados belgas. Aunque hoy su trabajo ha sido fácil. Pedirle al juez más tiempo para estudiar el caso y un equipo de tres jueces para analizarlo.

Su intervención, con voz pausada y baja, ha durado escasos cinco minutos. Christian Marchand, el abogado de Puigdemont ha aceptado sin reticencia alguna la propuesta dando por hecho “que es normal que el representante del Estado Español necesite algo de tiempo para personarse en la causa”.

Marchand y Boularbah son viejos conocidos y mantienen una correcta relación que “contrasta con lo que está pasando en España” ha dicho Gonzalo Boye tras negar en la SER tener ninguna responsabilidad en la falsa traducción y asegurar que “no había habido intencionalidad ninguna”.

Lo cierto es que el “error”, intencionado o no, no ha tenido en la primera vista ningún protagonismo y que no ha sido ni siquiera invocado por el defensor de Llarena ante los periodistas.

“El Reino de España y el juez Llarena contestan la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas”, ha dicho Hakim en su primera intervención sin derecho a preguntas ante los periodistas.

“He solicitado que se pospusiera la vista para permitir al Reino de España defender su inmunidad”, ha declarado descartando que el juez Llarena tenga intención de presentarse ante el Tribunal belga pase lo que pase.

Puigdemont tampoco se encontraba en la sala, “como Llarena” ha dicho el abogado Gonzalo Boye que contra lo explicado por Boularbah afirma que todos los afectados tendrán que declarar cuando los citen.

Quienes sí han asistido son los ex Consellers Lluís Puig y Toni Comin. Denunciando ante la prensa los más de 500.000 euros que el Estado invertirá en la defensa de Llarena, “un amparo obtenido fuera de plazo” ha dicho Comin que considera esta demanda civil como “un paso más en el camino de reclamar justicia” porque el discurso que el equipo Puigdemont ha hecho oficial en Bélgica pasa por afirmar “que en España la justicia no se imparte con parámetros europeos y democráticos”.

Para los que reclaman un euro de indemnización al juez Llarena, dando por hecho que al negar “su situación de presos políticos” prejuzgó el caso, causándoles perjuicio, según ha explicado Marchand, es todo un éxito que España le pague un abogado para personarse en la causa. 

Aunque la última palabra la tendrá el juez, o el equipo de tres jueces que pide la defensa de Llarena “por ser este un caso excepcional, dentro de la jurisdicción civil”, ha dicho su abogado confirmando que al final del proceso el juez podría decidir desestimar la queja que de momento se va estudiar siguiendo el mismo proceso que en Bélgica siguen las peleas de un patio de vecinos.