El Gobierno incorpora al ordenamiento español la directiva europea sobre ciberseguridad

Los ataques informáticos cuestan a la economía mundial alrededor de 400.000 millones de euros, según el Consejo Europeo

El Gobierno incorpora al ordenamiento español la directiva europea sobre ciberseguridad /

El Gobierno ha aprobado este viernes un Real Decreto para adoptar y aplicar en España la Directiva Europea en materia de ciberseguridad, que marca las pautas de acción para garantizar la seguridad en las redes y los sistemas de información en el ámbito común de la Unión Europea.

Esta medida anunciada en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros responde al expediente que la Comisión Europea abrió el pasado julio a España y a otros 16 países del eurogrupo por no haber transpuesto todavía esta directiva emitida en julio de 2016 al ordenamiento jurídico.

Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el año pasado las empresas españolas se gastaron alrededor de 14.000 millones de euros en responder a los ataques informáticos y el coste medio de cada cibertaque se situó en los 75.000 euros.

El Real Decreto del gobierno se aplicará a las entidades que presten servicios esenciales para la comunidad y dependan de las redes y los sistemas de información para desarrollar su actividad. Además, se ampliará a sectores que, aunque no están expresamente reconocidos en la Directiva europea, prestan servicios de comunicaciones electrónicas, de explotación de redes informáticas y que prestan determinados servicios digitales.

Por otra parte, el Real Decreto establece que estos operadores y proveedores de servicios esenciales deben notificar los ataques e incidentes que vulneren su seguridad a la administración, aumentando de esta forma la confianza de los usuarios en la utilización de las tecnologías de la información .

Con esta norma, dice el Gobierno, se busca mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos que involucran a las redes y sistemas de información reduciendo sus efectos en la seguridad pública. 

La lucha contra los ciberataques cuesta a la economía mundial, según datos del Consejo Europeo, alrededor de 400.000 euros al año. En España, tan solo el pasado mes de agosto, instituciones como la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional, el Banco de España o el PSOE sufrieron varios ataques informáticos que, aunque no produjeron filtración de datos, mantuvieron inoperativas sus webs durante varias horas.

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