La Fiscalía lusa imputará a 18 funcionarios por homicidio imprudente en relación a los incendios del año pasado

El Ministerio Público señala que la incompetencia operacional tuvo resultados trágicos

Las imágenes de la lucha contra el fuego en Portugal /

La Fiscalía portuguesa procesará a 18 funcionarios por homicidio imprudente por la gestión del incendio de Pedrógão Grande, en el que murieron al menos 64 personas en junio el año pasado.

Según el informe judicial avanzado el sábado por el semanario Expresso, el Ministerio Público considera que la incompetencia de los comandantes operacionales de la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC), la agencia a cargo de la gestión de emergencias en Portugal, fue un factor clave en la muerte de las víctimas. La imputación formal se espera en las próximas semanas, pero fuentes judiciales ya han divulgado que los comandantes operacionales de la ANPC en la zona y de los Bomberos Voluntarios de Pedrógão Grande, además de varios ex alcaldes y funcionarios municipales, se encuentran en la lista de procesados.

El informe revela un escenario en el que fallaron todos los protocolos vigentes, de principio a fin. No se llevaron a cabo las labores de prevención de incendios en la zona afectada y los bosques en torno a Pedrógão Grande estaban llenos de residuos orgánicos secos y fácilmente incendiables. Una vez que deflagró el incendio, la gestión del combarte fue inadecuada; uno de los comandantes intentó dirigir las operaciones a distancia, por teléfono, incumpliendo las reglas de combate establecidas. No se alocaron medios aéreos en los primeros momentos críticos del primer día, cuando todavía cabía la posibilidad de controlar las llamas y frenar la expansión del fuego.

El Ministerio Público subraya que las autoridades tampoco pidieron una actualización de la previsión meteorológica, información clave que habría permitido anticipar el cambio en la dirección del viento que terminó por sorprender a los bomberos en primera línea del frente, acorralados e incapaces de auxiliar a las poblaciones cercanas. La misma información habría motivado el cierre de la carretera nacional 236-1 –posteriormente conocida como la Carretera de la Muerte—, en la que murieron 47 personas que intentaron huir de la zona y acabaron cercadas por las llamas. De haberse gestionado la situación correctamente, los efectivos sobre el terreno podrían haber cortado el acceso a la vía a tiempo, evitando la muerte de decenas de personas.

La investigación judicial concluye que los comandantes operacionales no gestionaron los medios a su disposición correctamente, y que tampoco tomaron las medidas necesarias para cuidar a las poblaciones locales: quienes debían haber sido evacuados no recibieron auxilio, y quienes se encontraban en zonas seguras no recibieron instrucciones sobre qué debían hacer. El informe sentencia que gran parte de las víctimas mortales habrían sobrevivido si se habrían quedado en sus casas, pero ante la falta de instrucciones por parte de las autoridades, entraron en pánico y terminaron por huir hacia ratoneras mortales.

Además de los funcionarios, varias empresas aparecen señalizadas en el informe. Se responsabiliza a Energías de Portugal (EDP) por la ignición del fuego, que aparentemente comenzó cuando un rayo o un cable eléctrico cayó sobre una zona de matorral que la entidad tenía la obligación de limpiar, pero no se procede a su imputación ya que la ley impide el procesamiento de la empresa. Sí se procederá con la imputación de dos funcionarios de la concesionaria Ascendi, que tenía la obligación legal de limpiar los residuos orgánicos junto a las carreteras afectadas, al igual que se procesarán a varios funcionarios municipales que tenían la responsabilidad de control que esa limpieza se había ejecutado correctamente.

Las imputaciones se producen poco más de un año después del incendio, que fue uno de los más mortíferos de la historia de Europa, y uno de los desafíos más serios del primer ministro socialista, António Costa. Aunque hubo críticas a la gestión del fuego desde el momento de su extinción, el jefe del Gobierno luso inicialmente defendió las operaciones, y en particular el mando de su entonces ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa. Ante nuevos macro-incendios en octubre, en los que murieron medio centenar de portugueses, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, forzó la dimisión de Urbano de Sousa ante la aparente incapacidad ministerial de controlar la situación.

En el año posterior a la tragedia se han sucedido las investigaciones sobre las causas exactas del fuego, y los motivos que contribuyeron a que tantas personas perdieran la vida de semejante manera en un Estado miembro de la Unión Europea en pleno siglo XXI. Además del proceso judicial que investiga la gestión por parte de Protección Civil, el Ministerio Público está analizando la actuación del INEM, el servicio de atención sanitaria de urgencias, que fue criticado por no haber socorrido a muchas poblaciones afectadas durante momentos claves del incendio. También se investigan las numerosas situaciones de aparente fraude que han surgido tras el desastre, y del uso de las ayudas destinadas a las víctimas de la tragedia.

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