La Fiscalía estudia si han prescrito los delitos que se imputan a Casado

El ministerio público no se ve condicionado por apoyar en agosto que la causa llegara al Supremo, pero puede cuestionar ahora que los delitos sigan vigentes después del tiempo trascurrido

El presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en los pasillos del Congreso. / ()

A la espera de que la sala de admisiones del Tribunal Supremo dé traslado a la Fiscalía del expediente de Pablo Casado, la institución ya ha estado estudiando los razonamientos jurídicos que ha empleado la juez de Plaza de Castilla para considerar que el delito de cohecho impropio del que podría ser responsable el líder popular, no ha prescrito.

Su vigencia se mantiene, según razonó la juez, porque está ligado al delito de prevaricación administrativa que no ha prescrito. Esta interpretación, según fuentes de la Fiscalía, es “dudosa y cuestionable” por lo que será uno de los primeros asuntos a analizar antes de estudiar otras cuestiones.

La jueza considera que los alumnos, aunque no son funcionarios, son cooperadores necesarios en la comisión del delito de prevaricación administrativa: «Se trata de matricularse en un máster, pagar el importe de la matrícula, aportar el expediente académico previo y solicitar el reconocimiento de créditos, todo ello para posibilitar dar una apariencia de legitimidad a la obtención del título académico que se recibe como regalo».

Además, el hecho de que la Fiscalía no se opusiera a que el expediente de Casado fuera elevado al Tribunal Supremo con lo que asumían inicialmente las tesis de la juez, ahora no les condiciona “en absoluto” para emitir este dictamen con un nuevo análisis.

La juez Carmen Rodríguez-Medel justifico cuando que “este delito de cohecho impropio está en concurso medial con el de prevaricación administrativa, porque la conducta indiciariamente prevaricadora –la concesión arbitraria del título de Master en la que en su caso el aforado y doña Alida cooperan necesariamente– es el medio utilizado para otorgar la dádiva, es decir, el máster.

La juez evitó interpretar que el delito había prescrito “al encontrarnos en una doble imputación íntimamente conectada (concurso de delitos), el plazo de prescripción es el que corresponda al delito más grave, en este caso el de prevaricación administrativa, sancionado entre 7 y 10 años de prisión”.

Sala de admisión

La Sala de Admisión del Tribunal Supremo está compuesta por cinco magistrados, de los que solo es fijo su presidente, Manuel Marchena. Los otros cuatro son rotatorios. Hasta el 30 de septiembre está integrada por Pablo Llarena, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Ana María Ferrer.

La jueza quiere que el Supremo llame a Casado en calidad de investigado para tomarle declaración y que pueda presentar toda la documentación que conserve del máster. Además, pide que se le requiera el ordenador portátil en el que dijo que conservaba los trabajos para que sean examinados por la policía judicial al objeto de determinar si han sido modificados con posterioridad a su supuesta entrega.

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