El Gobierno estudia incentivos fiscales para reformar pisos a cambio de alquiler barato

Madrid

El Ejecutivo ha lanzado una primera ofensiva para impulsar la vivienda social y de alquiler asequible en España tras décadas de parón en este sector. Para ello, ha puesto en marcha el Plan de construcción de 20.000 viviendas sociales en España, estudia incentivos fiscales a propietarios, inquilinos y empresas y aumentará de 3 a 5 años la duración de los contratos de alquiler.

Además, el Ejecutivo ha anunciado una nueva ley estatal de vivienda en la que se dará rango de servicio público a la provisión de vivienda social o asequible mediante la regulación de patrimonios públicos de vivienda, al igual que ya existen patrimonios públicos del suelo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que los fondos ‘buitre’ no podrán comprar vivienda pública para especular con ella, tal y como ha ocurrido en la comunidad de Madrid. En declaraciones a la cadena SER, la secretaria general de vivienda, Helena Beunza, considera que la nueva ley debe preservar la ‘función social’ de la vivienda”. A su juicio “ uno de los principales fallos en España es que tenemos un parque público de viviendas muy escaso y , cuando hay situaciones de crisis, la vivienda social no puede actuar como colchón para las familias con menos recursos”.

Las medidas de Pedro Sánchez: 

1. Reformular el actual Plan Estatal de Vivienda para priorizar “la función social” de la vivienda con atención especial a los jóvenes, las personas mayores y las mujeres víctimas de violencia machista.
2. Construcción de 20.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.
3. Prohibición de que los fondos buitre compren vivienda pública para especular.
4. Aumento de tres a cinco años de los contratos de alquiler.
5. Incentivos fiscales a los inquilinos.
6. Ayudas económicas a dueños de pisos para la rehabilitación y puesta en alquiler a los cinco meses como máximo, una vez terminada la reforma.
7. Rebajas en el IBI a los propietario que pongan sus viviendas en alquiler asequible.
8. Incentivos fiscales a empresas constructoras que participen en proyectos de vivienda social.

Además el Gobierno pretende retirar todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP a diferentes leyes autonómicas que promovían la vivienda social y evitaban los deshaucios.