Un juzgado investiga un fraude con abogados italianos en la Rey Juan Carlos
La Policía y la justicia investiga convalidaciones sospechosas y colegaciones masivas de licenciados italianos en el centro madrileño y en otras universidades españolas, algunas de ellas privadas
Nuevo caso que afecta a la Universidad Rey Juan Carlos. Según ha sabido la Cadena SER, un juzgado de Madrid y la policía investigan un presunto fraude de colegiación masiva en España de cientos de abogados italianos. Estos licenciados convalidaban aquí sus estudios en varias universidades, entre ellas, la Rey Juan Carlos siendo rector Fernando Suárez, mano derecha de González Trevijano y que tuvo que dejar el cargo por haber plagiado.
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La Brigada Provincial de Extranjería de Madrid solicitó el pasado mes de junio información a la Universidad Rey Juan Carlos sobre colegiaciones masivas en España de abogados italianos dentro de una investigación dirigida por el juzgado numero 40 de la capital.
Se investigan "convalidaciones poco claras" de las licenciaturas de Derecho, según han confirmado a la Cadena SER fuentes policiales y judiciales, realizadas en la Universidad Rey Juan Carlos y otras universidades, algunas de ellas privadas.
La policía ha detectado posibles falsedades documentales. Y se centra en abogados italianos que se han colegiado en distintos colegios de España incumpliendo presuntamentelos requisitos legales. A las universidades los agentes les han pedido listados de alumnos.
Lo cierto es que en 2016 ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid sobre un fraude en la homologación de licenciaturas en Derecho a 500 italianos que el 18 de mayo se desplazaron hasta en 8 autobuses desde Atocha hasta la Universidad Rey Juan Carlos "como si fueran de excusión" para hacer un examen y obtener el título. Entonces el rector era Fernando Suárez quien tuvo que abandonar el cargo por las acusaciones de plagio.
Así lo relataba la denuncia que elevó el Observatorio contra la Corrupción y que señalaba que los italianos podrían haber pagado hasta 11.000 euros por ello. La denuncia fue finalmente archivada. Ahora, dos años después, un juzgado y la policía vuelven a investigar estas convalidaciones y colegiaciones.