Los antecedentes de aforados como Pablo Casado en el Tribunal Supremo

Madrid

Pablo Casado espera la decisión de la sala de admisiones del Tribunal Supremo después de saber que la Fiscalía ha pedido que el caso sobre su máster sea archivado. Ningún magistrado tiene obligación de seguir el criterio marcado por la Fiscalía, pero en el último año los jueces y juezas del Tribunal Supremo han decidido cumplir con las peticiones en la mayoría de causas con aforados: Alberto Rodríguez, Antonio Gutiérrez Limones y los encausados del procés independentista.

El procés independentista

Juez instructor, sala de apelaciones y Fiscalía han ido de la mano en esta causa. Salvo en una ocasión, en que el Ministerio Público apoyó de manera sorpresiva la puesta en libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn, el magistrado Pablo Llarena ha seguido su criterio en la mayoría de ocasiones, por ejemplo manteniendo en prisión provisional a los líderes independentistas. Las únicas discrepancias serias de criterio llegaron el primer día, cuando la Fiscalía pidió prisión provisional para Carme Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó y el juez sólo impuso fianzas de hasta 150.000 euros.

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Gutiérrez Limones: pagos legales

El diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones fue investigado por el Tribunal Supremo por supuestas irregularidades en su etapa como alcalde de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira: se le acusó de permitir que una empresa municipal corriese con gastos privados del regidor y de impedir cualquier tipo de control. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez Juan Ramón Berdugo entendió que esos pagos habrían prescrito y que en el caso del supuesto descontrol de la empresa pública él no pertenecía al consejo rector.

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Alberto Rodríguez: prescrito

El diputado de Unidos Podemos por Santa Cruz de Tenerife declaró como imputado en el Tribunal Supremo por una trifulca con unos agentes de Policía Local en San Cristóbal de La Laguna hace ahora más de once años. La Fiscalía, tal y como reveló la Cadena SER, apoyó su petición de archivo de la causa por entender que los posibles delitos investigados habían prescrito: un mes después, el juez Luciano Varela optaba por dar carpetazo al caso explicando que "con indeferencia de que le sean atribuibles los hechos denunciados, la responsabilidad penal se habría extinguido".

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La excepción: Barreiro

La única excepción a esta tendencia llega de la rama murciana de la trama Púnica: la senadora Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena por el PP, sigue imputada a pesar de la petición de la Fiscalía de archivar el caso al no ver delito en sus reuniones con el empresario Alejandro de Pedro. La magistrada instructora, Ana Ferrer, rechazó mandar la causa al cajón y siguió poniendo diligencias en marcha, aunque tiene pendiente resolver en los próximos días a una nueva petición de archivo del Ministerio Público tras practicar todas las pruebas.

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