La portavoz de Podemos en Madrid, a las puertas de juicio por denunciar maltrato policial en televisión
La diputada regional Lorena Ruiz-Huerta habló de maltrato policial en el programa de Évole en 2014, cuando ejercía la abogacía
El juzgado 48 de Madrid ha dictado auto de procedimiento abreviado después de que otro archivase el caso a finales de 2014
la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta / Zipi (EFE)
Madrid
El juzgado número 48 de Madrid ha decidido dejar a las puertas de juicio a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, por hablar de maltrato policial en un programa de televisión hace ahora cuatro años, cuando ejercía como abogada. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado recientemente el auto de procedimiento abreviado después de que otro juzgado decidió archivar el caso a finales de 2014 y con la duda de si el caso debería ser llevado ante el Tribunal Superior de Justicia al ser diputada regional y por tanto aforada.
El caso se remonta a mediados de 2014, cuando Lorena Ruiz-Huerta ejercía como abogada y un año antes de integrarse en la formación morada de cara a las elecciones autonómicas del año siguiente. Fue entrevistada por Jordi Évole en el programa Salvados de La Sexta hablando de supuestos maltratos policiales y explicando cómo muchos de sus defendidos le transmitían la existencia de este maltrato durante sus detenciones. La defensa de la diputada afirma que se limitó a expresar las denuncias que le transmitían sus defendidos.
- LAS PALABRAS DENUNCIADAS
Varios sindicatos policiales y de la Guardia Civil denunciaron a Ruiz-Huerta mientras la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional hacía sus propias indagaciones, resultando en dos juzgados de la Plaza de Castilla, el 48 y el 29, abriendo sus propias causas paralelas, inhibiéndose uno de ellos a favor de otro de Alcobendas y con Ruiz-Huerta teniendo que ir a declarar hasta dos veces.
La causa abierta en el juzgado de instrucción 29 de Madrid por sus palabras quedó archivada en diciembre de 2014, y el juzgado 48 – el receptor final del proceso – dictó auto de procedimiento abreviado en enero de 2018, más de tres años después. La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, confirmó este procesamiento a mediados del pasado mes de junio asegurando que habrá que estudiar su "intención" y "las cirunstancias que rodearon" a sus declaraciones en Salvados.
Libertad de expresión
Los recursos interpuestos en los últimos meses por la defensa de la diputada de Podemos solicitan el archivo de la causa negando la existencia de delito en sus declaraciones y que estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión: "Doblemente reforzado por su condición de abogada y por tratarse de un asunto de interés general".
En sus escritos, la defensa de Ruiz-Huerta niega haber asegurado "que todos los policías torturen ni que todos los detenidos sean torturados" sino que buscaba "poner de manifiesto a la audiencia los problemas de un sistema de detención y custodia de detenidos que considera vejatorio" y afirmando que siempre habló de "maltrato" y no "torturas".
Ruiz-Huerta durante su intervención en el programa / La Sexta
Ruiz-Huerta durante su intervención en el programa / La Sexta
Los sindicatos policiales "intentan sacar de contexto" esas declaraciones, afirma, destacando que organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no investigar estos supuestos malos tratos que, además, no ciñe al maltrato físico sino a "todo un elenco de prácticas policiales que, por acción u omisión, suponen un trato vejatorio, inhumano, humillante o degradante" como "traslados en condiciones inadecuadas, permanencia en pie durante horas o expresiones machistas o racistas".
Archivo y aforamiento
La propia Audiencia Provincial de Madrid, en un auto de hace un año, criticaba la tramitación de la causa, señalando que uno de los juzgados aceptó hacerse cargo de la causa cuando ya había sido archivada y teniendo que obligarle a reabrirla. Fue el juzgado 29 de la capital el que dictó el sobreseimiento provisional, con la defensa de la diputada de Podemos solicitando sin éxito que fuese declarado libre y definitivo.
Otra cuestión no suscitada por ninguna de las partes a lo largo del proceso es la del aforamiento: desde mayo de 2015 Lorena Ruiz-Huerta es diputada regional y por tanto aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid según explica el artículo 11.6 del Estatuto de Autonomía de la región. Fuentes jurídicas interpretan que el Estatuto ciñe el aforamiento a hechos cometidos en el ejercicio del cargo, aunque por ejemplo el 'popular' Daniel Ortiz fue investigados por el TSJ de la capital en el marco de la operación Púnica mientras fue diputado en la Asamblea aunque los hechos se correspondía con su etapa como alcalde de Móstoles.
