Un año después del 1-O: el proceso judicial sigue adelante

Madrid

El referéndum ilegal del 1-O tuvo consecuencias para sus protagonista que se enfrentan a varias causas judiciales abiertas en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso soberanista, en la Audiencia Nacional con la excúpula de la Conselleria de Interior y los Mossos d'Esquadra, y en juzgados catalanes contra los impulsores de la logística, mossos, alcaldes y agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas.

En el Tribunal Supremo hay un total de 25 implicados y procesados por rebelión, malversación, desobediencia. El juicio contra 18 de ellos esta previsto para principios de año y faltarán por juzgar los procesados en rebeldía. En la Audiencia Nacional, hay 4 imputados y el juicio se prevén después del que se celebre en el Supremo.

En el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona mantiene abierta una investigación contra una cincuentena de personas, principalmente cargos o excargos de la Generalitat, por su presunta vinculación con la logística para permitir celebrar el referéndum del 1-O. Todavía está en instrucción.

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investiga a 24 agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el operativo policial del 1-O.

Tribunal Supremo

En el Tribunal Supremo están procesados por presunta rebelión y malversación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, mientras que solo por rebelión: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la 'número dos' de ERC Marta Rovira, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

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También han sido procesados por supuesta desobediencia y malversación otros exconsellers como Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, mientras que se les atribuye desobediencia a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y a las exdiputadas de la CUP en el Parlament Mireia Boya y Anna Gabriel.

Los procesados que han sido declarados en rebeldía (Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel) se sentarán en el banquillo de los acusados cuando estén a disposición de la justicia española.

La vista oral podría comenzar a primeros de año y se prolongará durante un par de meses. No parece probable que la sentencia esté preparada para antes de las elecciones municipales de mayo.

Audiencia Nacional

El juicio en esta sede judicial se celebrará después del juicio en el Supremo. En el banquillo se sentaránel exsecretario general de la Conselleria de Interior César Puig, al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler, al exjefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero y la intendenta Teresa Laplana, por delitos de sedición y en el caso de los tres primeros también por organización criminal.

Juzgado 7 y 13

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona mantiene abierta una investigación contra una cincuentena de personas, principalmente cargos o excargos de la Generalitat, por su presunta vinculación con la logística para permitir celebrar el referéndum del 1-O.

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investiga a 24 agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el operativo policial del 1-O en varios colegios de Barcelona que ejercieron de punto de votación, y hay investigados cuatro de los ocho inspectores jefe que ese día dirigieron el operativo.

Ademas hay otros procedimientos abiertos contra agentes y mandos locales de Mossos por desobediencia, contra ciudadanos por resistencia a la autoridad y otros delitos e investigaciones abiertas por Fiscalía contra alcaldes que supuestamente colaboraron con el referéndum.