El Congreso desencalla la reforma de la 'ley Mordaza' y acuerda trabajar sobre la propuesta del PNV
Los grupos pactan por unanimidad constituir la ponencia parlamentaria el 18 de octubre y citar a comparecientes de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y profesionales para impulsar una reforma que estaba congelada desde febrero
Protestas contra la ley Mordaza del PP en 2015 / GETTY IMAGES
Madrid
El Congreso ha desencallado este martes la reforma de la ley Mordaza, que permanecía en un cajón desde el pasado mes de febrero y que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha marcado como uno de sus objetivos para la presente legislatura. La Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior ha acordado hoy constituir la ponencia parlamentaria el próximo 18 de octubre y trabajar sobre un único texto, la proposición de ley presentada por el PNV, que apuesta por una reforma en profundidad de medio centenar de articulos de la citada norma, dejando la puerta abierta a que todos los grupos puedan presentar enmiendas.
En un guiño implícito al PNV, los socialistas, que también habían presentado una proposición de ley de derogación, han aceptado también esa mecánica de trabajo para no dilatar la tramitación con una doble ponencia y trasladarán a la tramitación parlamentaria sus propuestas para derogar los aspectos más lesivos de la ley en cuanto a libertades civiles y derecho de manifestación. Entre los puntos más controvertidos figuran las sanciones por manifestarse ante la sede de las Cortes y los Parlamentos autonómicos o la toma de imágenes de las fuerzas de seguridad durante actuaciones en la vía pública.
Cada grupo podrá proponer además dos comparecencias, que se celebrarán de forma paralela al trabajo en ponencia, para incorporar a la reforma la visión de distintos colectivos afectados de forma directa por la aplicación de la bautizada como ley Mordaza, que el Partido Popular aprobó cuando tenía mayoría absoluta en 2015 con el rechazo del resto de la oposición, y que el PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
El reto de los grupos será ahora alcanzar un perímetro mínimo de acuerdo sobre los aspectos a modificar de una ley que ha tenido una importante contestación social y que el PP ha rechazado modificar al considerar que no supone un recorte de derechos y libertades.
