El juez Díez-Picazo compaginó su puesto en el Supremo con dar clases para la banca
El CGPJ dio permiso a Luis Díez-Picazo para dar clase en CUNEF, patrocinado por la Asociación Española de Banca
El Consejo exigía que su actividad docente no comprometiese "su imparcialidad e independencia"
Madrid
El magistrado Luis María Díez-Picazo, en el centro de la polémica por su gestión del impuesto hipotecario, compaginó durante dos años su labor como juez del Tribunal Supremo con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) entre 2015 y 2017: una escuela de la que es titular la Fundación de la Asociación Española de la Banca, actor interesado en el pleito en torno a este impuesto.
Según documentación del órgano de gobierno de los jueces, fue la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que le dio la autorización para compaginar su labor como magistrado con la docencia en dos de sus reuniones: para el curso 2015/2016 y para el curso 2016/2017 en sendas reuniones. También se le dio permiso para dar clases en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia (CEPC).
Según figura en la propia biografía oficial del magistrado, su colaboración con esta escuela dependiente de la AEB venía de atrás, y de hecho la cuenta oficial de Twitter de CUNEF difundía su nombramiento al frente de la sala tercera en el verano de 2015. Dio clases de Derecho Constitucional bajo condición, explicaba la Permanente, de hacerlo a través de las tres de la tarde y mientras la docencia "no impida el cumplimiento de sus deberes judiciales ni comprometa su imparcialidad e independencia".
La Asociación Española de Banca, cuya Fundación es titular del centro CUNEF donde Díez-Picazo dio clase durante años, ha sido una de las principales interesadas en un proceso judicial en el que se los bancos podrían, como mínimo, tener que pagar miles de millones de euros.
El pasado jueves, en un comunicado conjunto con la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNNAC), la Asociación ya dejaba caer la intención de no hacerse cargo de las reclamaciones al entender que las entidades bancarias no habían pagado el impuesto pero tampoco lo habían cobrado.