Nuevos documentos involucran a la excúpula de Mercasa

Madrid

El juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Mercasa de supuesto pago de mordidas millonarias y sobrecostes superiores al 300% en contratos en el extranjero, ha encontrado un nuevo indicio que involucra a la antigua dirección de la compañía pública.

Se trata de los memorándums de Francisco Salamanca, el director comercial de proyectos de Mercasa, quien poco antes de morir los entregó a un amigo y alto cargo de la empresa pública para su custodia. Ahora éste los ha hecho llegar al juzgado.

Estos documentos están fechados en 2004 y se trata de un conjunto de comunicaciones con el entonces recién nombrado presidente de Mercasa, Javier de Paz, así como actas de reuniones del CMIC o Consorcio Mercasa Incatema Consulting, cuyos contratos en la República Dominicana o Panamá presentan las principales sospechas, junto a la construcción de un mercado de abastos en Luanda (Angola), por el que se han pagado comisiones ilícitas de 20 millones de euros.

Comisiones millonarias bajo sospecha y contratos irregulares

En sus memorándums, el director comercial de proyectos Francisco Salamanca, advertía al presidente de Mercasa, Javier de Paz, del pago de comisiones del 8% o que se había aprobado sufragar con dos millones de euros la urbanización de un proyecto en el extranjero, cuando al consorcio de Mercasa no le correspondía asumir ese coste.

Según esos mismos memorándums en poder del juzgado, el presidente Javier de Paz responde a Salamanca preguntándole desde cuándo lo sabe, si alguien más lo conoce, y solicitándole más documentación.

No consta en los escritos acción alguna para investigar los hechos del entonces presidente de Mercasa, a excepción del acta del consejo de administración del CMIC de octubre de 2004, en el que Javier de Paz hace constar la recepción de una denuncia por el supuesto pago de comisiones. Según el acta, toma la palabra el representante de la empresa Incatema, Manuel Pardo Santayana, para negar la mayor sin aportar prueba alguna que avale su versión.

Pardo Santayana es hoy uno de los principales imputados en la causa, acusado del desvío de fondos públicos y el cobro de comisiones millonarias.

El vicepresidente de la SEPI también estaba al corriente, según un testigo

Los memorándums de Salamanca que apuntan a la cúpula de Mercasa, se unen al testimonio de la exsecretaria general de esta sociedad, la abogada del Estado Macarena Olona, quien ha declarado en el juzgado que todos los presidentes de la empresa pública desde 2002 conocían las irregularidades. Olona también apuntó a altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y en concreto al exvicepresidente con el PP, Federico Ferrer, a quien el ministro Montoro envió de consejero de economía en la embajada de La Habana, cuatro meses después de los primeros registros judiciales en Mercasa.

"Corrupción institucional con la garantía del Estado"

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que el juzgado solicitará ahora que Mercasa busque en sus archivos y entregue los memorándums oficiales de Francisco Salamanca, así como la distinta documentación que tenga sobre los proyectos bajo sospecha. Después, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, emprenderá acciones para esclarecer el asunto. Las mismas fuentes advierten de que la intención es llegar hasta el final.

Sospechan que se trata de un caso de "corrupción institucional" con la "garantía del Estado" que se ha venido produciendo con independencia de qué administración ocupase la Moncloa. "Es increíble tal cúmulo de irregularidades idénticas durante tantos años" en al menos dos empresas de la SEPI, como son Mercasa y DEFEX, la comercializadora de armas que investiga el mismo juzgado, "sin que existiera un conocimiento superior" al de los actualmente implicados en estas empresas públicas.

La antigua dirección de Mercasa defiende la labor del presidente

Fuentes de la anterior dirección de Mercasa explican que Javier de Paz actuó "de acuerdo a la ley y los procedimientos establecidos". Afirman que la denuncia de Francisco Salamanca fue "redirigida a la asesoría jurídica" y expuesta en la reunión del consejo de administración del CMIC de octubre de 2004 donde se dieron "explicaciones convincentes y suficientes". Las mismas fuentes recalcan que Javier de Paz, nombrado por Zapatero el mismo 2004, estaba "recién llegado" a la presidencia de Mercasa por lo que a su juicio carecería de intereses en ocultar las supuestas irregularidades procedentes de una administración anterior.