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La banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas

  • El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto sobre el impuesto hipotecario para que sea la banca quien lo pague
  • El cambio de normativa se publicará este viernes en el BOE y entrará en vigor el sábado

Resumen de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / ATLAS

Pedro Sánchez ya anunció este miércoles que el Gobierno iba a modificar la normativa para que los sean los bancos los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas. Un cambio que ha aprobado este jueves el Consejo de Ministros, que se publicará este viernes en el BOE y que entrará en vigor el sábado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que además del cambio en el artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, modificará el artículo 25 de la norma de Impuestos de Sociedades para que la banca no pueda deducirse ese coste que pasa a asumir.

Ante el temor de que ese impuesto recaíga igualmente de forma indirecta en los ciudadanos, la ministra ha señalado que "el Gobierno velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de costes ni cláusulas abusivas"y, para ello, ha recordado que se está trabajando para crear una autoridad en defensa a los clientes financieros "que estará disponible en unas semanas". Además, el Ejecutivo confía en la regulación del propio funcionamiento del mercado hipotecario, que hace que las entidades compitan por la captación de clientes ofreciendo las mejores condiciones.

Tras la polémica generada por las resoluciones del Supremo, varias comunidades autonómicas pedían suprimir ese impuesto. La ministra recuerda que, gracias a él, se ingresan 2.000 millones de euros anuales en las arcas públicas "para Sanidad, Educación y Dependencia". "¿Aquellos que abogan por eliminación de este impuesto están diciendo que no hay que mejorar la Sanidad Pública?", se preguntaba Montero, que quería hacer notar la necesidad de plantear mecanismos alternativos para que la fiscalidad que garantiza el Estado de Bienestar no se resienta.

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