Acuerdo en el Congreso para repartir los gastos de la hipoteca entre el cliente y el banco
El consumidor pagará la tasación del inmueble y el banco tendrá que asumir el resto
(Getty Images)
Madrid
Los grupos políticos han acordado en el Congreso el reparto de los gastos de la hipoteca que incluirá la futura Ley Hipotecaria. El consumidor pagará la tasación del inmueble y el banco tendrá que asumir la escritura, los gastos de gestoría, el arancel notarial y, por supuesto, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La primera copia del contrato irá también a cargo del banco pero si el cliente solicita otra, tendrá que pagarla.
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Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario. Se refuerza la figura del notario que tendrá que verificar lo que firma el consumidor. Los diputados, en la comisión de Economía de la Cámara Baja, también han dado luz verde a restringir la concesión de hipotecas multidivisa a clientes minoristas.
Los grupos han aprobado por unanimidad incluir que el impuesto de actos jurídicos lo pague el banco, determinando en el texto que "el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa tributaria aplicable" (en referencia al real decreto aprobado por el Gobierno, ya que entienden que ya está regulado ahí). Sin embargo, Podemos ha votado en contra del reparto global de costes porque quería que la entidad hiciese frente a todos los gastos, incluidos los de tasación.
Fuentes parlamentarias señalan que esta distribución de los gastos hipotecarios ha sido consensuada con el Ministerio de Economía y deja fuera, por ejemplo, la comisión de apertura "porque la intención es incluir solo los gastos que son obligatorios".
Estos acuerdos se han negociado en la ponencia de la próxima Ley Hipotecaria, que ha vuelto a reunirse este martes en la comisión de Economía del Congreso, una vez que el Gobierno ha aprobado un real decreto ley que estipula que el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) sea pagado por la banca y no por el cliente.
El martes que viene volverá a reunirse la ponencia y los diputados esperan poder aprobar después el texto de la ley en comisión, para que pase a votarse en el Pleno del Congreso y, una vez superado este trámite, sea en el Senado, por vía de urgencia (en 20 días), donde vuelva a someterse a votación.
